Sentencia N° 845 Constitucional TSJ 2001: Esther Quintero de Taguada vs John Richard Andrade Silva — Apelación de amparo…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia decidió sobre la apelación interpuesta por John Richard Andrade Silva contra la decisión del Juzgado Superior Primero que declaró con lugar la acción de amparo constitucional presentada por Esther Quintero de Taguada. La Sala confirmó la decisión del Juzgado, argumentando que la ejecución de la medida de secuestro vulneró el derecho a la propiedad de la accionante, ya que se dictó después de la perención del proceso de divorcio. La Sala destacó que las medidas cautelares deben garantizar la ejecución del fallo principal y no pueden existir sin un proceso pendiente.

Luego de realizar un estudio exhaustivo de las actas que conforman el presente expediente, esta Sala pasa a decidir previas las siguientes consideraciones de hecho y de derecho: Observa la Sala, que la accionante en su escrito contentivo de la acción de amparo constitucional, denunció que la ejecución de la medida de secuestro después de dictada la perención de la instancia en el juicio de divorcio, vulneró su derecho constitucional a la propiedad consagrado en el artículo 115 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, toda vez que alegó ser la única y legítima propietaria de los bienes secuestrados. En este sentido, es menester para esta Sala destacar que las medidas cautelares – en este caso el secuestro- tienen por finalidad garantizar la ejecución del fallo principal, cuyos efectos duran hasta que se produzca la sentencia definitiva y con su decreto el Juez evita que le sean violados derechos al solicitante de la medida cautelar, mientras dure el procedimiento principal. Ahora bien, tal y como lo señaló el Juzgado Superior Primero en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, al decretarse la medida de secuestro, se buscó salvaguardar los bienes pertenecientes a la comunidad conyugal, pero al ser esta medida ejecutada con posterioridad a la sentencia del Tribunal de Primera Instancia, que declaró la perención de la instancia en el juicio de divorcio, se originó también desde ese momento el decaimiento de la medida preventiva, en virtud de que no puede existir -en razón de la instrumentalidad- una medida preventiva sin proceso pendiente.

Por las razones antes expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, declara SIN LUGAR la apelación interpuesta por el ciudadano JOHN RICHARD ANDRADE SILVA, y en consecuencia CONFIRMA la sentencia dictada por el Juzgado Superior Primero en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia el 3 de julio de 2000, la cual declaró con lugar una acción de amparo constitucional.