Sentencia N° 840 — Sala Constitucional del TSJ, 11 de mayo de 2005

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia revisó sentencias dictadas por el Juzgado Segundo en Funciones de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, donde se aplicó control difuso sobre el artículo 493 del Código Orgánico Procesal Penal. La Sala confirmó las sentencias que desaplicaron dicha norma por considerarla inconstitucional en relación a la suspensión condicional de la ejecución de la pena, argumentando que infringe el artículo 272 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La Sala destacó la importancia de garantizar la supremacía constitucional y la correcta aplicación de las normas, reiterando que los jueces deben ejercer el control difuso de constitucionalidad. Se enfatizó que la desaplicación de normas inconstitucionales es fundamental para proteger la seguridad jurídica y el orden público constitucional. Finalmente, se ordenó la práctica del cómputo definitivo de la pena impuesta y se confirmaron las sentencias sometidas a revisión, asegurando que los penados puedan optar a alternativas de cumplimiento de la pena conforme a la ley.

El artículo 334 constitucional atribuye a todos los jueces de la República la obligación de asegurar la integridad de la Constitución, siempre dentro del ámbito de su competencia y conforme a lo previsto en el mismo Texto Fundamental; lo que se traduce en el deber de ejercer aún de oficio, el control difuso de la constitucionalidad de las leyes o normas jurídicas, a fin de garantizar la supremacía constitucional y resolver por esta vía los conflictos o colisiones que puedan presentarse en cualquier causa, entre normas legales o sublegales y una o varias disposiciones constitucionales, en cuyo caso deben aplicar preferentemente estas últimas. En este sentido, reitera la Sala, que la revisión de las sentencias definitivamente firmes de control difuso de la constitucionalidad remitidas por los Tribunales de la República, resulta en una mayor protección de la Constitución e impide la aplicación generalizada de normas inconstitucionales o bien la desaplicación de normas ajustadas al Texto Fundamental, en perjuicio de la seguridad jurídica y del orden público constitucional. De allí que el juez que desaplique una norma legal o sublegal, por considerarla inconstitucional, está obligado a remitir copia certificada de la sentencia definitivamente firme y del auto que verifica dicha cualidad, a fin de que esta Sala proceda a la revisión de la misma, para de esta manera, hacer más eficaz el resguardo de la incolumidad constitucional; en caso contrario, el control difuso no tendría sino un efecto práctico sólo en el caso concreto, en detrimento del orden constitucional, pues el canal de conexión con el control concentrado –que tiene efectos erga omnes- estaría condicionando a la eventual solicitud de revisión de la persona legitimada por ante la Sala, lo que desde luego minimiza la potencialidad de los instrumentos emanados de ésta, que es el carácter vinculante de sus decisiones y la facultad de revisar ese tipo de sentencias por mandato constitucional, tal y como lo ha señalado esta Sala en sentencia N° 1998 del 22 de julio de 2003 (Caso: Bernabé García).

Por las razones precedentemente expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en nombre de la República por autoridad de la Ley, CONFIRMA las sentencias dictadas el 9 de noviembre de 2004 por el Juzgado Segundo en Funciones de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, correspondientes a la causa penal que se siguió contra los ciudadanos Yimber Antonio Hernández López y Víctor José Daniel Castillo. Publíquese, regístrese, comuníquese y remítase el expediente al tribunal de origen.