Sentencia N° 837 Constitucional TSJ 2000: Yolanda Poleo de Báez, ANA Lucina García… — La acción popular de inconstitucionalidad

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia recibió un expediente relacionado con una acción popular de inconstitucionalidad interpuesta por varias abogadas en representación de la Federación Venezolana de Abogadas, en contra de disposiciones del Código Penal. Tras un análisis del expediente, la Sala determinó su competencia para decidir sobre la nulidad de las normas impugnadas, considerando que la competencia había sido transferida a la Sala Constitucional con la nueva Constitución de 1999. La Sala constató que la instancia había estado paralizada por más de un año, lo que llevó a declarar consumada la perención de la instancia, extinguiendo así el procedimiento. La decisión se fundamentó en el artículo 86 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, que establece que la instancia se extingue de pleno derecho en causas paralizadas por más de un año. Finalmente, la Sala declaró extinguida la instancia en el procedimiento seguido por las abogadas, en virtud de la perención consumada, y ordenó la publicación y registro de la decisión.

Determinada como ha sido la competencia de esta Sala y en vista del auto que cursa en este expediente en su folio número veinticinco (25), mediante el cual el Juzgado de Sustanciación de la entonces Corte Suprema de Justicia remitió dicho expediente a la Corte en Pleno para la designación de Ponente a los fines de la emisión de pronunciamiento sobre la perención de la instancia, pasa esta Sala Constitucional a decidir acerca de referida solicitud de perención y al respecto se observa lo siguiente: El artículo 86 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia dispone lo siguiente: "Artículo 86. Salvo lo previsto en disposiciones especiales, la instancia se extingue de pleno derecho en las causas que hayan estado paralizadas por más de un año. Dicho término empezará a contarse a partir de la fecha en que se haya efectuado el último acto del procedimiento. Transcurrido el lapso aquí señalado, la Corte, sin más trámites, declarará consumada la perención de oficio o a instancia de parte. Lo previsto en este artículo no es aplicable en los procedimientos penales." En este sentido, pudo constatar la Sala que efectivamente, desde el 28 de enero de 1986 fecha en la cual el Juzgado de Sustanciación de la entonces Corte Suprema de Justicia dio cuenta ante la Corte en Pleno del escrito contentivo de la Opinión Fiscal presentada por la representante del Ministerio Público en relación con el recurso de nulidad, interpuesto por razones de inconstitucionalidad contra los artículos 396, 397, 398, 399, 400 y 401 del Código Penal, hasta el 24 de noviembre de 1998 fecha en la que mediante auto, el referido Juzgado remitió a la Corte en Pleno el expediente para la designación de Ponente a los fines de decidir sobre la perención de la instancia, transcurrió más de un año sin que se hubiere realizado acto alguno de procedimiento, lo cual evidencia una absoluta ausencia de actividad procesal durante el período señalado. En efecto, tal como lo dispone el citado artículo 86 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, la instancia se extingue de pleno derecho en las causas que hayan estado paralizadas por más de un año contado a partir del último acto de procedimiento, por lo que en tal caso el Tribunal Supremo de Justicia, sin más trámites, debe declarar consumada la perención de oficio o a instancia de parte, y visto que en la presente causa la última actuación fue por parte de la Secretaría de la Corte en Pleno, en fecha 28 de enero de 1986, es razón suficiente para declarar la perención.

Por las consideraciones que anteceden, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara CONSUMADA LA PERENCIÓN de la Instancia en el procedimiento seguido con ocasión al recurso de nulidad por inconstitucionalidad interpuesto por las abogadas YOLANDA POLEO DE BÁEZ, ANA LUCINA GARCÍA MALDONADO, PANCHITA SOUBLETTE SALUZZO, ELSA GORRÍN HERNÁNDEZ, ESPERANZA DELGADO, MARÍA DE JESÚS MALDONADO, MARÍA LISBETH GUEVARA DE GONZÁLEZ, CATHERINA PRODANOVIC, JOSEFINA CEDEÑO, ANGELA TERÁN, AURA ROMERO MOLERO, LIGIA OREJARENA, CARMEN ALLEN AGUILERA, ALICIA GONZÁLEZ DE DONAT, OLGA LUZAEDO, ELIZABETH FARÍA, ROSITA CALDERA, MARINA R. DE SÁNCHEZ, RITA DÍAZ RINO, MAIGUALIDA VILLARROEL, en nombre propio y en su carácter representantes de la Federación Venezolana de Abogadas, en contra de las disposiciones normativas contenidas en los artículos 396, 397, 398, 399, 400 y 401 del Código Penal, por cuya razón y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, se declara EXTINGUIDA LA INSTANCIA.