Sentencia N° 832 — Sala Constitucional del TSJ, 8 de mayo de 2008

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la desaplicación del artículo 100 de la derogada Ley Orgánica del Ministerio Público, en virtud de un recurso contencioso administrativo interpuesto por Carlos Alberto Navarro Arzolay. La Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo había desaplicado dicha norma por control difuso de constitucionalidad, argumentando que contradecía el artículo 146 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que establece que los cargos en la administración pública son de carrera y deben ser ocupados mediante concurso público.

En conclusión, se estima que el Constituyente quiso establecer definitivamente un ingreso a la carrera administrativa con fundamento en las aptitudes y méritos de los aspirantes, mediante la realización de concurso de oposición para las plazas disponibles dentro de la Administración Pública, con la finalidad de organizar y consagrar una Administración eficiente y expedita al servicio de los intereses de la Nación y de los ciudadanos. Así pues, se aprecia que existe una evidente contradicción entre el contenido del artículo 100 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y lo dispuesto en el artículo 146 del Texto Constitucional, a lo cual hay que añadir que la citada Ley Orgánica del Ministerio Público, en la cual se fundamentó la decisión objeto de consulta es una Ley preconstitucional.

Por las razones precedentemente expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara CONFORME A DERECHO la desaplicación por control difuso de la constitucionalidad del artículo 100 de la derogada Ley Orgánica del Ministerio Público, efectuada por la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo en decisión del 14 de agosto de 2007, con ocasión al recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano CARLOS ALBERTO NAVARRO ARZOLAY, ya identificado, contra la República Bolivariana de Venezuela, por órgano del Ministerio Público.