Sentencia N° 83 Constitucional TSJ 2001: Maritza Ascensión Alayón Alvarado vs Eduardo Manuitt Carpio — Revocación de sentencia de…

TSJ/SC, Sent. N° 83, Exp. 01-0041, 01/02/2001 · 1 de febrero de 2001
Expediente01-0041
Parte actora / solicitanteMARITZA ASCENSIÓN ALAYÓN ALVARADO
Parte demandada / contraparteEDUARDO MANUITT CARPIO
PonenteANTONIO J. GARCÍA GARCÍA
MateriaConstitucional
Tipo de recursoAmparo
Fecha de la decisión2001-02-01
DecisiónCon Lugar

Resumen

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia recibió un amparo interpuesto por Maritza A. Alayón Alvarado contra el Gobernador del Estado Guárico, Eduardo Manuitt, por presunta violación a su derecho a la libertad y otros derechos fundamentales. La Corte de Apelaciones declaró inadmisible la acción de amparo, alegando incompetencia. La Sala Constitucional, al revisar el caso, determinó que la solicitud de hábeas corpus debía ser conocida por un tribunal de control del Circuito Penal del Estado Guárico, revocando así la decisión de la Corte de Apelaciones.

Extracto de la motiva

Visto lo anterior, esta Sala pasa a decidir la consulta y a tal efecto observa: La Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, que mantiene su vigencia en aquello que no contradice a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, consagra el amparo específico para la protección constitucional de la libertad y seguridad personales, en el que se faculta para intentar la acción a toda persona que fuere objeto de privación o restricción ilegítima de su libertad, ante el juez competente a fin de solicitar la expedición de un mandamiento de hábeas corpus, la cual procede cuando se busca proteger al ciudadano frente a detenciones administrativas arbitrarias o en aquellos casos en los cuales exista de por medio una detención de carácter judicial, pero, únicamente cuando dichas decisiones no cuenten con un medio ordinario de impugnación o éste no sea acorde con la protección constitucional que se pretende, tal como lo estableció esta Sala en sentencia de fecha 17 de marzo de 2000 ( caso Juan Francisco Rivas). La competencia para conocer y decidir la acción de amparo contra la libertad y seguridad personales, en atención a lo dispuesto en los artículos 7 y 40 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, corresponde a los tribunales de primera instancia en lo penal. Con la entrada en vigencia del Código Orgánico Procesal Penal, dicho conocimiento pasó a ser exclusivo de los tribunales de Control, al disponer en el artículo 60, que “ …Corresponde al tribunal de control hacer respetar las garantías procesales, decretar las medidas de coerción que fueren pertinentes, realizar la audiencia preliminar y la aplicación del procedimiento por admisión de los hechos. También será competente para conocer la acción de amparo a la libertad y seguridad personales”. (subrayado de la Sala). Debiéndose tener en cuenta que conforme a lo previsto en el artículo 104 del código Orgánico en referencia, cuando se indica “…al juez o tribunal de control, al juez o tribunal de juicio o al juez o tribunal de ejecución, debe entenderse que se refiere al juez de primera instancia en función de control, en función de juicio y en función de ejecución de sentencia, respectivamente.” En el caso de autos la accionante solicitó se le concediera su libertad personal conforme al procedimiento establecido al efecto en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, sin embargo, observa esta Sala que tal solicitud la interpuso, conforme a lo antes expuesto, erradamente ante la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial del Estado Guárico, pues al ser evidente que lo que está solicitando la accionante es un hábeas corpus, por estar recluida en la Comandancia de la Policía de ese Estado, le corresponde su conocimiento a un tribunal de Primera Instancia en función de control del Circuito Penal del Estado Guárico.

Dispositiva

Por las razones expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, REVOCA la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Guárico, que declaró sin lugar e inadmisible a su vez la acción de amparo interpuesta por la ciudadana Maritza A. Alayón Alvarado, DECLARA que el tribunal competente para conocer de la presente acción de amparo de Hábeas Corpus es un Tribunal de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Guárico, y en consecuencia, ORDENA la remisión del presente expediente a la Oficina Distribuidora de Expedientes Penales del Circuito Judicial Penal del Estado Guárico, a los fines de la distribución del mismo a un Tribunal de Control de ese Circuito Judicial Penal, para que conozca de la referida solicitud de amparo.

Palabras clave

amparohábeas corpuslibertadderechos fundamentalesincompetenciaCorte de ApelacionesEstado Guárico

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