Sentencia N° 828 Constitucional TSJ 2000: Seguros Corporativos (Segucorp) C.A. y… vs Superintendencia de Seguros

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en el contexto de un recurso de amparo constitucional, declara sin lugar la apelación interpuesta por las sociedades Seguros Corporativos (Segucorp) C.A. y Agropecuaria Alfin S.A. contra la sentencia de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo que había declarado sin lugar la solicitud de amparo. La Sala establece su competencia para conocer de la apelación y analiza los fundamentos del amparo propuesto, centrándose en la interpretación del artículo 114 de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros, así como en la supuesta falta de notificación de una inspección administrativa.

Los derechos fundamentales representan el resultado del acuerdo básico de las diferentes fuerzas sociales, logrados a partir de los esfuerzos de cooperación para el logro de objetivos comunes. Vale decir, constituyen los presupuestos de consenso sobre los cuales se debe edificar cualquier sociedad democrática, pues comportan la garantía esencial de un proceso político libre y abierto, como elemento informador de cualquier sociedad pluralista. Ahora bien, los derechos fundamentales han dejado de ser sólo un límite al ejercicio del poder público, para convertirse en el conjunto de valores o fines de la actividad de los poderes públicos. Es decir, como fue expresado por el Tribunal Constitucional de España en una sentencia dictada el 15 de junio de 1981 “...Los derechos fundamentales responden a un sistema de valores y principios de alcance universal que han de informar todo nuestro ordenamiento jurídico...”. En consecuencia, los derechos fundamentales determinan el estatuto jurídico de los ciudadanos, en sus relaciones con el Estado y en las que puedan tener entre ellos, pues regulan la libertad, autonomía y seguridad de la persona no sólo frente al poder, sino frente a los otros miembros de la comunidad social. Del acuerdo social, surge el reconocimiento constitucional del régimen de derechos y libertades y, por supuesto, la sujeción del Poder Público y los ciudadanos, a las disposiciones de la Carta Fundamental (en el artículo 7 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se expresa que “...La Constitución es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico. Todas las personas y los órganos que ejercen el Poder Público, están sujetos a esta constitución...”)

Por las razones expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR la apelación propuesta por las sociedades SEGUROS CORPORATIVOS (SEGUCORP) C.A., AGOPECUARIA ALFIN S.A., y el ciudadano FERNANDO CARDENAS, representados por los abogados Manolo Domínguez Menda y José Araujo Parra, contra la sentencia dictada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo el 28 de octubre de 1999, actuando como primera instancia constitucional, mediante la cual declaró sin lugar el amparo propuesto contra la providencia administrativa N° 98-2-0002201 de fecha 27 de agosto de 1999 de la Superintendencia de Seguros.