Sentencia N° 826 Constitucional TSJ 2001: Diego Alfonso Bolívar Giraldo vs Fiscal General de la República

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia admitió la acción de amparo constitucional interpuesta por Diego Alfonso Bolívar Giraldo contra el acto administrativo del Fiscal General de la República que declaró inadmisible su solicitud de recusación. La Sala consideró que el acto administrativo estaba motivado y que el accionante había tenido acceso a los fundamentos de la decisión, lo que llevó a la conclusión de que no se vulneraron sus derechos a la defensa y al debido proceso. Finalmente, se declaró inadmisible la acción de amparo.

Evidencia esta Sala que, el 24 de abril de 2001, la representante legal del Ministerio Público consignó el acto administrativo del 27 de noviembre de 2000, mediante el cual, el Fiscal General de la República, declaró inadmisible la recusación formulada por el ciudadano Diego Alfonso Bolívar Giraldo contra el Fiscal Octavo del Ministerio Público y su auxiliar. Dicho escrito señala lo siguiente: “Ahora bien, fundamentada la recusación en que presuntamente los representantes Fiscales mantuvieron directamente alguna clase de comunicación con alguna de las partes sin la presencia de la víctima, sobre los asuntos sometidos a su conocimiento, hecho éste que afectaría la imparcialidad de los recusantes, según se desprende de las preguntas capciosas, a juicio del recusante, efectuadas a la víctima durante la entrevista, conviene precisar que el ordinal 6º del artículo 83 del Código Orgánico Procesal Penal, no puede interpretarse en el sentido que, bajo ningún concepto, los sujetos a los que le es aplicable puedan mantener algún contacto con las partes, en forma privada, más aún, si se toma en consideración que la norma en cuestión incluye la comunicación directa con aquellos, lo cual de ser interpretado en forma literal, conduciría a la impensable consecuencia de la total incomunicación del funcionario...”. Si tales entrevistas tienen lugar con ocasión del cumplimiento de los deberes inherentes a la función que se desempeñe, no pueden calificarse como comprometedoras de la imparcialidad del funcionario, lo cual si se afectaría si aquellas se efectuasen fuera del ámbito del ejercicio de las funciones que le correspondan, tales como las que ocurran fuera del Despacho del titular de la acción penal.

En virtud de los razonamientos antes expuestos, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE la acción de amparo constitucional interpuesta por el ciudadano DIEGO ALFONSO BOLIVAR GIRALDO en contra del acto administrativo del 27 de noviembre de 2000 dictado por el Fiscal General de la República, mediante el cual se declaró inadmisible la solicitud de recusación contra el Fiscal Octavo del Ministerio Público y su auxiliar.