Sentencia N° 815 Constitucional TSJ 2000: Ramon Eloy López Rivas — Amparo constitucional en relación a la propiedad

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declara terminado el procedimiento de amparo constitucional instaurado por Ramón Eloy López Rivas y María Carolina del Rosario Rodríguez de López contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Décimo Octavo en lo Penal. La decisión se basa en la falta de comparecencia de las partes a la audiencia constitucional programada, lo que llevó a la Sala a dar por concluido el proceso. Además, se impone una multa a los accionantes por la falta de comparecencia.

Por las razones señaladas en las consideraciones que anteceden, la Sala acordó celebrar nuevamente la audiencia constitucional, previa notificación de las partes. Practicada dicha notificación, esta Sala Constitucional, por auto del 16 de junio de 2000, fijó el día 19 de junio de 2000, a las once de la mañana (11:00 a.m.), como oportunidad para la celebración de la nueva audiencia constitucional. Ahora bien, consta en el acta levantada al efecto, en el día, hora y lugar fijados para la celebración de la audiencia constitucional, que, a pesar de haber sido abierta la sesión, en presencia de la totalidad de los Magistrados que integran la Sala, no comparecieron las partes ni la representación del Ministerio Público. Por este motivo, y de conformidad con lo sentado por esta Sala Constitucional en fecha 1º de febrero de 2000 (caso José Amando Mejía Betancourt y José Sánchez Villavicencio), vista la falta de comparecencia de las partes a la audiencia constitucional, debe darse por terminado el presente procedimiento de amparo. Así se declara.

Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara TERMINADO el procedimiento de amparo constitucional instaurado por los ciudadanos RAMÓN ELOY LÓPEZ RIVAS y MARIA CAROLINA DEL ROSARIO RODRÍGUEZ DE LÓPEZ contra la sentencia dictada, en fecha 10 de mayo de 1999, por el Juzgado Superior Décimo Octavo en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. De conformidad con lo establecido en el único aparte del artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, se impone a cada uno de los ciudadanos accionantes una multa por la cantidad de CINCO MIL BOLÍVARES (Bs. 5.000,00), pagaderos a favor de la Tesorería Nacional en las oficinas del Banco Central de Venezuela. Los sancionados deberán acreditar el pago mediante la consignación en autos del comprobante de pago correspondiente, dentro de los cinco días siguientes a su notificación.