Sentencia N° 813 Constitucional TSJ 2001: Jesús Manuel Vera Rivera vs María Antonieta Febres — Acción de amparo constitucional

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia confirma la decisión de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo que declaró sin lugar la acción de amparo constitucional interpuesta por Jesús Manuel Vera Rivera en representación de Desarrollos Mineros Guayura, C.A. y Desarrollos Mineros Yuragua, C.A. contra María Antonieta Febres, por la presunta violación del derecho de petición. La Corte consideró que la Administración había emitido un pronunciamiento respecto a la solicitud de autorización para la ocupación del territorio y afectación del ambiente, y que no se configuraba el silencio administrativo positivo alegado por el accionante.

La Sala para decidir estima necesario pronunciarse como primer punto respecto de su competencia para conocer de la presente consulta. En tal sentido debe reiterarse lo establecido en sentencia del 20 de enero de 2000 (Caso: Emery Mata Millán contra el Ministro y el Viceministro del Interior y Justicia), en la cual esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia dejó sentado lo siguiente: 'corresponde a esta Sala conocer las apelaciones y consultas sobre sentencias de los Juzgados Superiores aquí señalados, de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y las Cortes de Apelaciones en lo Penal, cuando ellos conozcan la acción de amparo en Primera Instancia.' Ahora bien, por cuanto la presente acción de amparo constitucional, fue decidida en primera instancia por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, corresponde a esta Sala Constitucional el conocimiento de la solicitud propuesta, y así se decide. Dilucidado lo anterior, pasa esta Sala a pronunciarse sobre el fondo del presente caso y, al respecto, observa que del escrito libelar de la presente acción de amparo, se desprende que la alegada lesión del derecho a la oportuna respuesta, la constituye la supuesta omisión por parte de la Dirección General de Planificación y Ordenación del Ambiente del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables, de dar respuesta a las solicitudes realizadas por las sociedades anónimas Desarrollos Mineros Guayura, C.A. y Desarrollos Mineros Yuragua, C.A. el 1° de junio de 1993, a través de las cuales se pidió autorización para la ocupación del territorio y afectación del ambiente, a los efectos de la exploración y subsecuente explotación de la concesión minera. Igualmente alegaron que dicha Dirección General Sectorial, se abstuvo de decidir en el término legalmente establecido la solicitud de expedición de las respectivas constancias, por encontrarse en el supuesto del silencio administrativo positivo consagrado en el artículo 54 de la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio. Se desprende de lo anterior que la lesión denunciada por la parte accionante la constituye la omisión de la Administración de pronunciarse respecto de las solicitudes del 1º de junio de 1993 mencionadas supra; así como también la no expedición de las respectivas constancias.

Por las razones precedentemente señaladas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia, en nombre de la República por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia del 12 de junio de 1997, dictada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, que declaró sin lugar la acción de amparo constitucional intentada por el ciudadano Jesús Manuel Vera Rivera, procediendo en representación de DESARROLLOS MINEROS GUAYURA, C.A. y DESARRLLOS MINEROS YURAGUA, C.A., asistido por el abogado Efrain Godoy Boada, contra la ciudadana Maria Antonieta Febres, Directora General Sectorial de Planificación y Ordenación del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (MARNR). Publíquese y regístrese. Remítase el expediente al Tribunal de origen.