Sentencia N° 810 Constitucional TSJ 2000: Cimed de Venezuela, C.A. vs Fundación Salud del Estado Monagas

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia decidió sobre la acción de nulidad por inconstitucionalidad y amparo constitucional interpuesta por CIMED DE VENEZUELA, C.A. contra actos administrativos de la Fundación Salud del Estado Monagas. La Sala determinó que no tenía competencia para conocer el caso, ya que corresponde al Tribunal Superior de lo Contencioso Administrativo. Se inaplicó un artículo de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia por ser inconstitucional, reafirmando la competencia de los tribunales contencioso-administrativos para anular actos administrativos contrarios a derecho.

La solicitud de amparo constitucional interpuesta de manera conjunta con recurso de nulidad por inconstitucionalidad, ha sido dirigida contra los actos administrativos contenidos en las actas de fechas 9 y 10 de febrero de 2000 emanadas de la Fundación Salud del Estado Monagas, mediante los cuales fue ordenada la desincorporación física de determinados bienes ubicados en el “Centro Materno Infantil ubicado en la vía del Distribuidor de la Cruz”. Planteado en esta forma el pedimento de amparo conjunto con el recurso de nulidad por inconstitucionalidad, resulta necesario señalar que en sentencia nº 194 de fecha 4 de abril de 2000, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia dejó sentado lo siguiente: “...Ahora bien, considera esta Sala Constitucional que el primer aparte del artículo 181 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, al impedir a los Juzgados Superiores con competencia en lo contencioso-administrativo el conocer de la nulidad de los actos administrativos (generales o particulares), cuando se aleguen vicios de inconstitucionalidad, contradice lo dispuesto en el artículo 259 de la Constitución, por cuanto éste otorga facultades a los Tribunales en lo contencioso-administrativo para anular los actos administrativos generales o individuales por contrariedad a derecho, que comprende –sin lugar a dudas- tanto la inconstitucionalidad como la ilegalidad. (...) De manera que, por tales circunstancias y en especial a que por mandato constitucional los tribunales de la jurisdicción contencioso administrativa son competentes para anular los actos administrativos por contrariedad al derecho, esta Sala Constitucional estima que la disposición contenida en el primer aparte del referido artículo 181 es a todas luces contraria a la Constitución, motivo por el cual, en uso de la potestad prevista en el artículo 334 de la Constitución, inaplica a los fines de determinar la competencia en el caso de autos, el primer aparte del artículo 181 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia por ser inconstitucional, al enfrentar de manera incontestable la disposición establecida en el segundo aparte del artículo 259 de la Constitución, en cuanto sustrae a los tribunales contencioso administrativos distintos a la Sala Político-Administrativa de este Tribunal Supremo, la competencia que le fue otorgada por la propia Constitución para conocer la nulidad de los actos administrativos (generales o particulares) contrarios a derecho.”

Por los razonamientos antes expuestos, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley declara: 1.- Que no tiene competencia para conocer la acción de nulidad por inconstitucionalidad, ejercida conjuntamente con amparo constitucional por la sociedad mercantil CIMED DE VENEZUELA, C.A., contra los actos administrativos contenidos en las actas de fechas 9 y 10 de febrero de 2000, emanadas de la Fundación Salud del Estado Monagas, mediante los cuales fue ordenada la desincorporación física de determinados equipos médicos ubicados en el “Centro Materno Infantil ubicado en la vía del Distribuidor de la Cruz”. 2.- En atención a lo declarado por esta Sala Constitucional en decisión nº 194 de fecha 4 de abril de 2000, se inaplica, en el caso de autos, el primer aparte del artículo 181 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, por ser inconstitucional, al enfrentar de manera incontestable el artículo 259 de la Constitución, en cuanto sustrae a los tribunales contenciosos administrativos distintos a la Sala Político Administrativa de este Tribunal Supremo, la competencia que le fue otorgada por la propia Constitución para conocer de la nulidad de los actos administrativos (generales o particulares) contrarios a derecho. 3.- En consecuencia de lo anterior, el Tribunal Superior de lo Contencioso Administrativo de la Región Nor-Oriental, es el Juzgado competente para conocer el recurso de nulidad por inconstitucionalidad ejercido conjuntamente con amparo constitucional contra los actos administrativos contenidos en las actas de fecha 9 y 10 de febrero de 2000 emanadas de la Fundación Salud del Estado Monagas, así como de la solicitud de amparo cautelar solicitada.