Sentencia N° 81 Constitucional TSJ 2000: Edgar DEL Valle Tillero Mata vs Hernan Grüber Odreman — Competencia en acción de amparo…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la competencia para conocer de la acción de amparo constitucional interpuesta por Edgar del Valle Tillero Mata contra el Gobernador del Distrito Federal, Hernan Grüber Odreman. La Sala determinó que no es competente para conocer del caso, argumentando que la Gobernación del Distrito Federal no forma parte de la organización del Poder Público Nacional, y que la competencia corresponde al Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital. La decisión se fundamenta en la interpretación de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, que establece que la Corte Suprema de Justicia debe conocer en única instancia de las acciones de amparo contra altos funcionarios del Poder Público Nacional. La Sala concluyó que el Gobernador del Distrito Federal no se encuentra dentro de esta categoría, por lo que se ordenó remitir el expediente al juzgado correspondiente para su conocimiento y decisión. Finalmente, la Sala reafirmó la importancia de la protección de los derechos y garantías constitucionales, pero subrayó que la distribución de competencias entre los tribunales debe ser respetada según lo establecido por la ley.

La novísima Constitución, vigente a partir de su publicación en la Gaceta Oficial N° 36.860 del 30 de diciembre de 1999 -después de su aprobación por el pueblo mediante referendo del 15 del mismo mes y año- constituye el cuerpo de normas de obligatoria y preferente aplicación por los Tribunales y demás órganos del Poder Público, Texto Fundamental que consagra en su Título III los Derechos y Garantías de los cuales goza toda persona. Dentro del elenco de derechos que se enuncian, destaca entre sus disposiciones generales el contenido del artículo 27, norma que prescribe lo siguiente: “Toda persona tiene derecho a ser amparada por los tribunales en el goce y ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, aun de aquellos inherentes a la persona que no figuren expresamente en esta Constitución o en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos. El procedimiento de la acción de amparo constitucional será oral, público, breve, gratuito y no sujeto a formalidad, y la autoridad judicial competente tendrá potestad para restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida o la situación que más se asemeje a ella. Todo tiempo será hábil y el tribunal lo tramitará con preferencia a cualquier otro asunto. La acción de amparo a la libertad o seguridad podrá ser interpuesta por cualquier persona, y el detenido o detenida será puesto bajo la custodia del tribunal de manera inmediata, sin dilación alguna. El ejercicio de este derecho no puede ser afectado, en modo alguno, por la declaración del estado de excepción o de la restricción de garantías constitucionales.” Se aprecia de la lectura de la anterior disposición, la intención del constituyente de plasmar en términos claros la potestad que tiene toda persona para acudir ante los tribunales de justicia y así lograr ser amparada “en el goce y ejercicio de los derechos y garantías constitucionales”; sin embargo, no contempla el señalamiento de la distribución de las competencias entre los tribunales de la República, dejando dicha función al legislador. Si bien el poder jurisdiccional alcanza a todos los jueces que integran los órganos de administración de justicia, ese poder se reparte con base en distintos criterios, que la doctrina mayoritaria califica como objetivos y subjetivos, conforme a los cuales se determina el conjunto de negocios que vienen atribuidos a un Tribunal con preferencia o en exclusividad. De modo pues, que la competencia de un órgano está dada por la porción de ese poder jurisdiccional que le es conferido por ley y que lo señala, en concreto, para el conocimiento de determinado asunto.

Por las razones antes expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara que NO ES COMPETENTE para conocer de la acción de amparo constitucional interpuesta por el ciudadano EDGAR DEL VALLE TILLERO MATA, contra el Gobernador del Distrito Federal, ciudadano HERNAN GRÜBER ODREMAN. En consecuencia, ordena remitir de inmediato el expediente al Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, a los fines del conocimiento y decisión de la presente causa. Publíquese, regístrese. Remítase el expediente al Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital. Cúmplase lo ordenado.