Sentencia N° 802 Constitucional TSJ 2000: Luis Miguel Ibarra Guédez, Víctor Gimenez… vs Consejo Directivo del Instituto…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la competencia para conocer de una consulta relacionada con una acción de amparo cautelar interpuesta contra un acto administrativo del Consejo Directivo del Instituto Universitario de Tecnología de Puerto Cabello. La Sala declinó su competencia a la Sala Político Administrativa, argumentando que el amparo cautelar es un mecanismo accesoria al recurso contencioso administrativo de anulación, y que la solicitud de amparo no era procedente dado que se habían ejercido medios ordinarios previos.

Que, con respecto a la solicitud de amparo ejercida en forma conjunta con el recurso contencioso administrativo de anulación, la jurisprudencia de dicha Corte “ha sostenido que su naturaleza es accesoria y subordinada a la acción o recurso ejercido en forma conjunta y, por tanto, su destino es temporal, provisorio, sometido al pronunciamiento final que se emita en el recurso principal”. Que, en el presente caso, los recurrentes solicitan además de que se decrete amparo cautelar, que se suspendan los efectos del acto impugnado de conformidad con el artículo 136 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, y, finalmente, que se dicte medida cautelar en el mismo sentido, de conformidad con lo previsto en los artículos 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil. Que el amparo constitucional ha sido diseñado como un mecanismo judicial extraordinario del que no cabe hacer uso si ya han sido ejercidos los medios ordinarios que prevé el ordenamiento jurídico procesal, tal como lo establece el numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en base a lo cual, en casos precedentes (sentencia de fecha 4/6/97, caso Valores Florida C.A; y sentencia de 25/7/97 caso Rafael Romero) se ha considerado que, al solicitar el pretendido agraviado la suspensión de los efectos del acto administrativo conforme a lo previsto en el artículo 588 del Código de Procedimiento Civil o 136 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, hace uso de una vía judicial ordinaria, breve, efectiva y preexistente, “lo cual conduce a la improcedencia del amparo conjuntamente interpuesto con el recurso contencioso administrativo de anulación, medio extraordinario que solo procede cuando no se hace uso de los medios ordinarios”. Que al haberse solicitado en este caso la suspensión de los efectos del acto recurrido conforme a las mencionadas disposiciones legales de forma conjunta y no de manera subsidiaria a la petición cautelar de amparo, debe declararse la improcedencia del amparo.

Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, se declara INCOMPETENTE para conocer de la consulta prevista en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, de la sentencia dictada el 18 de noviembre de 1998, por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo en el recurso de amparo cautelar ejercido junto con el recurso contencioso administrativo de anulación interpuesto por Luis Miguel Ibarra Guédez, Víctor Gimenez, Yonny Brito, Deisy Rodríguez, Pedro Hernández Chávez, Yinny Brito y Fernando Gallegos, asistidos por el abogado Enrique Colina Fuentes, contra acto administrativo de efectos particulares emanado del Consejo Directivo del Instituto Universitario de Tecnología de Puerto Cabello, Estado Carabobo, y ordena remitir el presente expediente a la Sala Político-Administrativa de este Supremo Tribunal para que conozca de la presente consulta.