Sentencia N° 80 Constitucional TSJ 2000: Gustavo Enrique Querales Castañeda vs Juez Primero de Primera Instancia de Menores…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia confirma la decisión del Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y Menores de declarar improcedente la acción de amparo constitucional interpuesta por Gustavo Enrique Querales Castañeda. El demandante alegó que el Juzgado de Menores se negó a ejecutar una sentencia anterior que ordenaba la cesación de la violación física hacia sus hijos y la provisión de una vivienda adecuada para ellos. Sin embargo, la Sala concluyó que no se evidenció la violación de derechos constitucionales, ya que el demandante no cumplió con los requisitos mínimos para garantizar el bienestar de los menores en la vivienda adquirida.

Realizadas las anteriores consideraciones, corresponde a esta Sala pronunciarse sobre la consulta de Ley planteada por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, sobre la sentencia dictada por dicho órgano jurisdiccional en fecha 4 de agosto de 1999 y, a tal efecto, observa: Como punto previo, pasa esta Sala a dilucidar lo relativo a la competencia del órgano jurisdiccional que ha de conocer de la presente acción de amparo constitucional, y al respecto, observa: Esta Sala Constitucional ha señalado en anterior oportunidad, que la Constitución vigente, publicada en la Gaceta Oficial el día 30 de diciembre de 1999, consagra en su Título III los derechos y garantías constitucionales de los cuales goza toda persona, destacando entre sus disposiciones generales el contenido del artículo 27, norma que en primer término precisa el derecho de toda persona a ser amparada por los tribunales en su goce y ejercicio, aun de aquellos inherentes a su naturaleza que no figuren expresamente en la Carta Magna o en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos. Para ello establece el procedimiento de la acción de amparo que “(…) será oral, público, breve, gratuito y no sujeto a formalidad (…)”, teniendo la autoridad judicial competente la potestad para restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida o la situación que más se asemeje ella. Sin embargo, por lo que respecta al señalamiento de la distribución de las competencias entre los tribunales de la República, deja dicha función al legislador, correspondiéndole repartir entre los distintos órganos las respectivas porciones del poder jurisdiccional. En tal sentido, y como fuera que, a excepción de la derogada Constitución de 1961, el resto del ordenamiento jurídico mantiene su vigencia en todo lo que no contradiga a la nueva Carta Magna, vendría la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales a determinar las pautas para establecer la competencia de los diferentes tribunales en esta materia.

Por las razones anteriormente expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la decisión del Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, de fecha 04 de agosto de 1999, y en consecuencia declara IMPROCEDENTE la acción de amparo constitucional interpuesta por el ciudadano GUSTAVO ENRIQUE QUERALES CASTAÑEDA, asistido por el abogado JULIO FERNÁNDEZ REMIS, contra la omisión de la Juez del Juzgado Primero de Primera de Instancia de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Lara. En consecuencia, se ordena remitir el expediente al referido Juzgado a los fines legales consiguientes.