Sentencia N° 795 — Sala Constitucional del TSJ, 19 de octubre de 2022

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia recibió una acción de amparo constitucional interpuesta por Hilda Sofía Landínez Moro en representación de Georges Antonio Escalona y GeliYer Josué Bermúdez Sánchez, contra una sentencia de la Corte de Apelaciones que declaró inadmisible un recurso de apelación. La Sala determinó su competencia para conocer el caso y observó que la parte accionante no había realizado actuaciones procesales válidas durante más de seis meses, lo que configuró un abandono del trámite. En consecuencia, se declaró terminado el procedimiento y se impuso una multa a la parte accionante.

La Sala observa que la decisión que declaró la nulidad versa expresamente en el acta de audiencia preliminar la cual fue firmada por la defensa; por lo que se tiene como falso lo alegado por la parte respecto a que “no se llevo a cabo ninguna audiencia preliminar”. Asimismo, indicó que la Corte de Apelaciones “…en lugar de resolver el RECURSO DE APELACIÓN planteado por la defensa Técnica, el Tribunal colegiado denunciado como agraviante determinó en su fallo la Inadmisibilidad por Impugnable o Irrecurrible del recurso interpuesto por la defensa ya que adujo que el mismo, fue interpuesto a atacar la motivación del fallo impugnado, es decir según el real entender de la Corte de Apelaciones, que dicho recurso de apelación contrariamente a lo relatado por la defensa en su recurso de apelación, fue erigido contra el auto de apertura a juicio, aseverando en su fallo 141-2019 que solo será admisible el recurso de apelación que verse sobre la admisibilidad de los medios de prueba y que por lo tanto, el presente recurso de apelación debe ser declarado inadmisible por cuanto el mismo va dirigido a atacar la inmotivación del fallo dictado en la audiencia preliminar…”. Ahora bien, de la revisión de las actas que conforman el presente expediente, la Sala observa que desde el 11 de noviembre de 2019 -oportunidad en la que interpuso la acción de amparo- hasta la presente fecha, la parte accionante no ha realizado actuación procesal válida alguna con el fin de impulsar el proceso y obtener la tutela constitucional demandada, habiendo transcurrido un período superior a seis (6) meses; por tanto, se ha configurado el abandono del trámite en la presente causa, conforme a la doctrina jurisprudencial de esta Sala. En tal sentido, resulta menester para esta Sala reiterar su criterio conforme al cual el interés manifestado por la parte actora al solicitar ante el órgano jurisdiccional la tutela de los derechos constitucionales, debe ser mantenido a lo largo del proceso, por lo que la ausencia de impulso procesal durante un tiempo que supere los seis (6) meses, indica que no existe una necesidad imperiosa ni interés en obtener la tutela constitucional demandada, lo cual debe entenderse como un abandono del trámite que obliga a la Sala a declarar terminado el procedimiento (véase sentencias número 982 del 6 de junio de 2001, caso: José Vicente Arenas Cáceres, y 734 del 12 de julio de 2010, caso: Rodolfo Igdel Lorenzo Quintero). De manera que, al no estar involucrado el orden público en el presente caso y al haber una pérdida de interés de la parte accionante en obtener la tutela de los derechos que a su decir fueron quebrantados, que sólo tienen incidencia en sus esferas particulares, esta Sala debe declarar terminado el procedimiento por abandono del trámite. Así se decide.

PRIMERO: Que es COMPETENTE para conocer de la presente acción de amparo. SEGUNDO: TERMINADO EL PROCEDIMIENTO, por abandono del trámite, en la acción de amparo constitucional. TERCERO: Se IMPONE multa a la parte accionante por la cantidad de dos mil bolívares (Bs. 2.000,00).