Sentencia N° 793 Constitucional TSJ 2001: Rafael Zamora Ponce vs Motoriente Puerto Ordaz, S.A. — Derechos laborales

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia admitió la demanda de amparo interpuesta por Rafael Zamora Ponce contra la sentencia dictada el 25 de marzo de 1999 por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, Menores, Tránsito y Trabajo del Estado Bolívar. La parte actora alegó violaciones a su derecho a la defensa y al debido proceso, argumentando que la sentencia fue dictada por un juez suplente sin la debida notificación, lo que le impidió ejercer su derecho a recusarlo. La Sala, tras analizar los argumentos y la normativa aplicable, determinó que la pretensión de amparo cumplía con los requisitos establecidos en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. En consecuencia, se ordenó notificar al Juzgado Superior y al Ministerio Público, y se fijó una audiencia constitucional para continuar con el procedimiento. Finalmente, la Sala negó la medida cautelar solicitada, considerando que la sentencia impugnada no creaba, modificaba ni extinguía derechos del accionante.

La jurisprudencia sentada por esta Sala establece que el amparo constitucional no es admisible –en principio- cuando la parte interesada pretendiere utilizarla en sustitución de las vías procesales ordinarias que sean idóneas para la protección constitucional requerida, como serían, por ejemplo, los recursos de apelación y de casación que, oídos en ambos efectos, suspenden la ejecución de la decisión judicial cuestionada. De manera que el amparo constitucional no puede ser ejercido en forma autónoma en sustitución de estos recursos, a menos que la parte accionante no hubiere intervenido en el proceso cuya sentencia cuestiona por esta vía, o que el recurso ordinario no suspendiere los efectos de la sentencia cuestionada. Lo contrario sería subvertir el proceso en detrimento del principio de igualdad de las partes y, además, sería reparada así la negligencia de la parte interesada en el ejercicio oportuno de la vía procesal idónea prevista en la ley adjetiva. Ahora bien, la jurisprudencia ha sentado igualmente que el amparo constitucional puede ser admitido contra las sentencias de última instancia que no puedan ser recurridas en casación por razón de la cuantía. En efecto, la sentencia nº 848 dictada el 28 de julio de 2000 por esta Sala, caso: Luis Alberto Baca, señala: “3.- Con relación a las sentencias de última instancia, dictadas por juzgados superiores, que no admiten legalmente ningún otro recurso y que infrinjan derechos o garantías constitucionales de las partes, éstas podrán acudir ante la Sala Constitucional, cuando dicha Sala fuera competente, dentro de las condiciones establecidas en el numeral 4 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, dentro de los seis (6) meses de su conocimiento por la parte lesionada. Si así no lo hicieren, habrán convenido expresamente en las infracciones constitucionales, así como lo habrían hecho tácitamente si existieran signos inequívocos de la aceptación del dispositivo (cumplimientos o actos semejantes). ” En el presente caso, consta en autos que la parte actora intervino en el proceso que dio lugar a la sentencia cuestionada por la misma y fue notificada el 24 de septiembre de 1999 de la sentencia definitiva dictada el 25 de marzo de 1999, interponiendo esta pretensión de amparo constitucional dentro del plazo de seis meses siguientes a la fecha de dictarse y ser notificada la sentencia cuestionada; igualmente consta en autos que la demanda propuesta por la misma, el 8 de mayo de 1991, fue estimada en la suma de un millón ochenta y cinco mil seiscientos cincuenta bolívares (Bs. 1.085.650,oo), razón por la cual dicha causa no puede ser elevada ante la casación y la sentencia dictada el 25 de marzo de 1999 puede ser impugnada a través de un amparo constitucional, a los fines de analizar las denuncias planteadas de violación de derechos fundamentales.

Por las razones expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ADMITE la demanda de amparo interpuesta por el ciudadano RAFAEL ZAMORA PONCE contra la sentencia dictada, el 25 de marzo de 1999, por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, Menores, Tránsito y Trabajo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar. En consecuencia, ORDENA: 1.- Notificar de esta decisión al Juez del Juzgado Superior antes mencionado, acompañando al oficio correspondiente copia de la decisión y de la demanda de amparo, y haciéndole saber que podrá hacerse presente en la audiencia constitucional, cuyo día y hora serán fijados por órgano de la Secretaría de la Sala, para que exponga lo que estime pertinente acerca de la acción de amparo constitucional ejercida. Su ausencia no será interpretada como aceptación de los hechos incriminados. 2.- Notificar al Ministerio Público de la apertura del presente procedimiento, de conformidad con el artículo 15 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. 3.- Que el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, Menores, Tránsito y Trabajo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar notifique de esta decisión a MOTORIENTE PUERTO ORDAZ, S.A., parte demandada en el juicio de cobro de diferencia de prestaciones sociales y otros conceptos derivados del trabajo incoado en su contra por el ciudadano Rafael Zamora Ponce. Cumplida esta actuación, el referido Juzgado se servirá informar inmediatamente de sus resultas a esta Sala Constitucional. 4.- Fijar la audiencia constitucional dentro de las noventa y seis (96) horas siguientes a la práctica de la última de las notificaciones ordenadas. 5.- NIEGA la medida cautelar solicitada. Publíquese, regístrese y notifíquese.