Sentencia N° 792 Constitucional TSJ 2001 — Nulidad de sentencia anterior

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declara con lugar los amparos constitucionales interpuestos por varios ciudadanos contra una sentencia del Juzgado Quinto de Primera Instancia que declaró la nulidad de la inscripción de un documento de parcelamiento. Se argumenta que la sentencia anterior violó derechos constitucionales a la defensa y al debido proceso, ya que los propietarios de las parcelas no fueron llamados al juicio. La Sala confirma la nulidad de la sentencia impugnada y ordena la reposición del juicio para que se emplace a todos los propietarios afectados.

De lo recogido en capítulos precedentes se colige que los procedimientos de amparo constitucional acumulados fueron tramitados de conformidad con lo previsto en los artículos 23 y siguientes de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, realizándose en cada una de ellos los actos procesales establecidos en dicha ley y vigentes para la época, esto es, la admisión de la demanda de amparo, la notificación al juez que presuntamente causó la lesión constitucional, el plazo para la presentación del informe sobre los hechos denunciados, la audiencia oral y, finalmente, la sentencia. En fin, el trámite comentado se efectuó hasta la audiencia oral en tribunales distintos, realizándose dichas audiencias el 19 de julio de 1999 (Juzgado Superior Séptimo) y el 30 de agosto de ese mismo año (Juzgado Superior Primero) y su acumulación fue cumplida el 21 de octubre de 1999, mientras que la decisión fue dictada el 23 de noviembre de 1999, por el primero de los mencionados juzgados. Expuesto lo anterior pasa esta Sala Constitucional a analizar la sentencia dictada el 2 de noviembre de 1998 por el Juzgado Superior Séptimo en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial Área Metropolitana de Caracas, lo cual se hace en los siguientes términos: 1. Como punto previo a la decisión de fondo el antes mencionado juzgado resolvió las excepciones de inadmisibilidad opuestas, tanto por el titular de ese Despacho como por los terceros opositores, relativas a la caducidad del amparo, conforme el numeral 4 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y a la existencia de otros medio judicial para el restablecimiento de la situación jurídico-constitucional infringida. Sobre estos particulares esta Sala observa: 1.2. Tanto el juez que dictó la sentencia objeto de las mencionadas demandas de amparo constitucional, como los terceros opositores, alegaron que la referida sentencia fue dictada el 2 de noviembre de 1998 y publicada por cartel en prensa el 11 de ese mismo mes y año, mientras que los amparos constitucionales fueron intentados después de ocho meses de publicada la decisión, motivo por el cual dichas demandas de amparo resultan inadmisibles de conformidad con lo previsto en el numeral 4 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Al respecto, esta Sala ratifica el criterio expuesto por el tribunal a quo en cuanto a que dichos amparos constitucionales resultan admisibles, toda vez que no puede oponerse el lapso de caducidad de seis meses al que se refiere el artículo 6, numeral 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, puesto que no se evidencia de autos que la decisión objeto de los amparos haya sido notificada a los ahora demandantes, ya que, tanto el auto que ordena librar el cartel de notificación, como el cartel mismo -ambos del 11 de noviembre de 1998 (folios 62 y 63 de la primera pieza del expediente)-, se encuentran únicamente dirigidos a la parte demandada, esto es, Galipán C.A., en la persona de su defensor judicial, sin que se mencione a los ahora demandantes en amparo. Por tanto, los demandantes en amparo no fueron notificados formalmente de la decisión del 23 de diciembre de 1998 dictada por el Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, razón por la cual el plazo al que se refiere el numeral 4 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales no puede computarse a los demandantes en amparo a partir de la fecha de publicación del cartel (11 de noviembre de 1998). En consecuencia, las pretensiones de amparo constitucional fueron interpuestas tempestivamente, y así se declara.

Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR los amparos constitucionales intentados por los ciudadanos JOSÉ BATISTA RODRÍGUEZ, ANTONIO BATISTA DE FREITAS, ANTONIO BAPTISTA RODRÍGUEZ y MARÍA CELESTINA FREITAS DE BAPTISTA, EDWING JOSÉ RIVAS GONZÁLEZ, ESTRELLA MARÍA VIDAL BLANCO, MARTÍN FERNÁNDEZ VIEIRA, GIUSEPPE SASSON PINTO, JOSÉ SANTE VEIGAS, ELOINA PALMA DE SANTE, STEFANO PAOLINETTI GHIRI, MAXIMINO RODRÍGUEZ MARTÍN, ANTONIO FIGUEIRA DE CHÁVEZ, PASQUALE DE LEO CAPUCCIO y VINCENZO MARTINISI DE LUCIA contra la sentencia dictada por el Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas el 2 de noviembre de 1998 la cual se declara nula; en consecuencia, se CONFIRMA en los términos expuestos la sentencia sometida a consulta,. Se ordena la reposición del juicio que, por nulidad de registro, intentara la Sucesión Sequera Cruz contra Galipán C.A. al estado de emplazar a los propietarios de las ciento veinte (120) parcelas que integran el parcelamiento El Paují de la Tercera Etapa de la Urbanización Los Naranjos, para que den contestación a la demanda y ejerzan su derecho a la defensa. Se ordena notificar al ciudadano Registrador Subalterno del Segundo Circuito de Registro del entonces Distrito Sucre del Estado Miranda del contenido del presente fallo para que se abstenga de protocolizar la sentencia anulada o, en caso de haberla protocolizado, haga lo mismo con ésta y estampe las notas marginales correspondiente en el asiento registral del fallo anulado. Publíquese, regístrese y notifíquese. Devuélvase el expediente.