Sentencia N° 787 Constitucional TSJ 2001: Eduardo Gallardo, Jose Pacheco, Magda… vs Ministerio de Infraestructura

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia admitió una acción de amparo constitucional interpuesta por un grupo de ciudadanos contra el Ministerio de Infraestructura, debido a la omisión en la aplicación de varios decretos presidenciales que establecían aumentos salariales. Los accionantes argumentaron que esta omisión violaba su derecho a la igualdad y el principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales. Sin embargo, la Sala concluyó que la acción de amparo no era el medio adecuado para exigir el cumplimiento de obligaciones pecuniarias, y que tales pretensiones debían ser planteadas ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Por lo tanto, la Sala declaró sin lugar la acción de amparo interpuesta.

De las actas del expediente, de las exposiciones de las respectivas representaciones de la parte accionante, del accionante adherido, del accionado y del Ministerio Público, la Sala observa: El objeto de la pretensión en la presente acción de amparo constitucional, lo constituye el pago de una prestación de carácter monetario. En efecto, los apoderados de los accionantes señalan que el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (ahora Ministerio de Infraestructura) se ha abstenido de aplicar a los salarios de sus representados, los aumentos de salario decretados hasta el momento por la Presidencia de la República. Consideran, por ello, que se está violando el derecho de sus representados a la igualdad, por cuanto se discrimina a sus representados respecto de otros trabajadores a quienes sí se ha aplicado el decreto; y el principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales. Se trata, pues, de una obligación contraída por la República, con motivo de los diversos decretos de aumentos salariales, de nivelar los salarios de los accionantes; obligación que se cumple al momento de depositar o hacer entrega a los mismos de su correspondiente salario. Es por ello, precisamente, que el petitorio de la presente acción de amparo consiste en que se ordene, como mandamiento de amparo, que se apliquen a las remuneraciones percibidas por los accionantes, los decretos de aumentos salariales emanados de la Presidencia de la República. No se trata, sin embargo, sencillamente de que se lleve a cabo un ajuste, sino de que, de modo efectivo, se cancele la obligación presuntamente contraída por la República frente a los accionantes. Así, se señala en el petitum que “…de no existir partida presupuestaria actualmente para ajustar y pagar lo debido, así como los salarios resultantes hacia el futura (sic), haga las correspondientes solicitudes de créditos, siguiendo los procedimientos de Ley, para cubrir esos montos” (Subrayado de la Sala). La pretensión aquí deducida, en este sentido, puede ser dividida en dos aspectos, correlativos a la obligación que eventualmente tenga la República de aplicar a los accionantes los decretos de aumentos salariales emanados de la Presidencia de la República. El primer aspecto lo constituye la obligación de aplicar, desde el punto de vista abstracto, los decretos de aumentos salariales. Así, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (ahora Ministerio de Infraestructura) está en la obligación de recalcular los salarios de los accionantes. El segundo aspecto está constituido por la obligación pecuniaria de hacer la efectiva entrega del salario, una vez recalculado, a los accionantes. En relación con el primer aspecto mencionado, observa la Sala que efectivamente podría existir una violación al derecho a la igualdad y a la irrenunciabilidad de los derechos laborales, si se pretendiesen aplicar discriminatoriamente los decretos de aumentos salariales, excluyendo sin motivo justificado a algunos trabajadores. Sin embargo, la Sala considera que las pretensiones de los accionantes no pueden ser objeto de la acción de amparo interpuesta, pues la declaratoria sobre la obligación que corresponde a la República respecto de los aumentos salariales emanados de la Presidencia de la República, y la efectiva entrega del salario, una vez recalculado a los accionantes, excede el alcance de la acción de amparo, cuyos efectos restitutivos o restablecedores no pueden ser, eo ipso, declarativos, constitutivos o de condena, lo que, en el caso de autos, hace improcedente la pretensión de tutela constitucional invocada. La Sala concluye, pues, que la pretensión de los accionantes no es susceptible de protección constitucional en los términos en que ha sido planteado en el presente caso, ya que la acción de amparo no es el medio idóneo para pretender el cumplimiento de obligaciones pecuniarias. Tales pretensiones deben ser deducidas por acción de carencia ante la jurisdicción contencioso administrativa, y no por ante la jurisdicción de amparo, conforme lo prevé el artículo 259 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los artículos 42 numeral 23 y 182 ordinal 1° de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia. Lo anterior tiene su razón de ser en la naturaleza de la pretensión de amparo, que está relacionada con derechos fundamentales y, en particular, con su núcleo esencial, no con cualquiera de sus manifestaciones. Es oportuno en este sentido traer a colación lo decidido por esta Sala en la sentencia n° 828/2000 de fecha 27 de julio de 2000, donde se señaló lo siguiente: “…la situación jurídica del ciudadano es un concepto complejo, en el que destacan derechos y deberes, pero la acción de amparo tutela un aspecto de la situación jurídica del ciudadano que son sus derechos fundamentales, pues la defensa de los derechos subjetivos –diferentes a los derechos fundamentales y las libertades públicas– y los intereses legítimos, se realiza mediante recursos administrativos y acciones judiciales. Por ejemplo, no es lo mismo negar la posibilidad a un ciudadano de tener la condición de propietario, que una discusión acerca de la titularidad de un bien entre particulares, cuya protección se ejerce mediante una acción judicial específica: la reivindicación. Pero, si se niega a un ciudadano su derecho a defender su propiedad, se le niega un derecho fundamental, cuyo goce y ejercicio debe ser restituido”. A esto se agrega el hecho de que la acción de amparo tiene una naturaleza meramente restablecedora o restitutoria, y, por lo tanto, no puede intentarse para crear situaciones distintas a las denunciadas como vulneradas, pues la producción ex novo de tales situaciones desnaturaliza el carácter restablecedor que el artículo 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela le atribuye (Ver sentencia de la Sala Constitucional de fecha 17 de febrero de 2000, Exp. Nº 0055). En este caso, y de igual manera, puede distinguirse entre el derecho a que se aplique sin discriminaciones un decreto de aumento salarial, y el derecho a que se realice el pago efectivo de la diferencia entre el antiguo y el nuevo salario; derecho éste que no puede ser calificado como un derecho fundamental, siendo en cambio simplemente el derecho personal correlativo a una obligación pecuniaria.

Por las razones expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR la acción de amparo constitucional interpuesta por los abogados Pedro Miguel Reyes y Román Argotte Mota, actuando en su carácter de apoderados judiciales de los ciudadanos accionantes, identificados en el comienzo de este fallo, contra el Ministerio de Infraestructura. Publíquese y regístrese. Archívese el expediente.