Sentencia N° 785 — Sala Constitucional del TSJ, 13 de abril de 2010

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia revisó la sentencia Nº 1853 del 16 de diciembre de 2009, que declaró sin lugar el recurso de apelación del Fisco Nacional contra un fallo que declaró prescrita la obligación tributaria de Ford Motor de Venezuela, S.A. La representación de la República argumentó que la Sala Político Administrativa había violado principios de expectativa legítima y tutela judicial efectiva al declarar la prescripción de la obligación tributaria sin considerar la paralización del proceso en fase de sentencia. La Sala Constitucional, al analizar el caso, concluyó que la paralización del proceso no debía afectar el cómputo de la prescripción, reafirmando la importancia de la tutela judicial efectiva en el ámbito tributario.

En el caso que hoy nos ocupa se pretende la revisión de la sentencia dictada el 15 de diciembre de 2010 por la Sala Político Administrativa del este Máximo Tribunal, la cual declaró sin lugar el recurso de apelación ejercido por el Fisco Nacional contra el fallo del 27 de noviembre de 2007, pronunciado por el Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que declaró prescrita la obligación exigida por la Administración Tributaria a la sociedad mercantil Ford Motor de Venezuela, S.A., correspondiente al ejercicio fiscal del año 1995 por concepto de impuesto sobre la renta y, en consecuencia, confirmó el fallo apelado. La representación de la República fundamentó su solicitud en la violación de la reiterada jurisprudencia de esta Sala Constitucional, relativa a los principios de expectativa plausible o de expectativa legítima, de seguridad jurídica y tutela judicial efectiva, consagrados en los artículos 26, 49 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Por lo expuesto, se declara con lugar la solicitud de revisión interpuesta por la representación judicial de la República Bolivariana de Venezuela, y se anula la sentencia Nº 1853 del 16 de diciembre de 2009, dictada por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en virtud de que se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva de la Administración Tributaria.