Sentencia N° 78 — Sala Constitucional del TSJ, 10 de febrero de 2009

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en su decisión, declaró improcedente la solicitud de ejecución de una medida cautelar presentada por representantes de la Contraloría General de la República. Esta medida había sido dictada en el contexto de un procedimiento administrativo en el que se había declarado la responsabilidad civil de la ciudadana Dinorak Esther Castillo Murga. La Sala precisó que la potestad de dictar medidas cautelares corresponde al Contralor General y no a la Sala, y que la medida ya había sido ejecutada previamente.

La Sala disipó cualquier duda acerca del alcance de la potestad cautelar del Contralor General de la República dentro de los procedimientos administrativos de determinación de responsabilidad: y afirmó que el Contralor General de la República, así como los órganos de control externo que sean autorizados por aquel, tienen competencia para dictar, en el curso de la investigación o procedimiento, las medidas preventivas necesarias para evitar el riesgo manifiesto de daño al patrimonio público o de que resulte ilusoria la ejecución de la decisión; sin embargo, se aclaró que no se trata de una potestad ilimitada, pues, para imponer cualquier medida cautelar, el Contralor General de la República «…deberá tener muy presente los límites generales para el ejercicio de poderes discrecionales, concretamente sobre la debida adecuación, proporcionalidad y razonabilidad entre los hechos concretos y los fines de la ley, así como el respeto a los derechos humanos y valores superiores del ordenamiento jurídico».

Por los razonamientos expuestos, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia, en nombre de la República, por autoridad de la Ley, declara IMPROCEDENTE la solicitud realizada por las abogadas Inés del Valle Marcano Velásquez y Mónica Gioconda Misticchio Tortorella, con el carácter de representantes de la Contraloría General de la República, de que esta Sala ejecute la medida cautelar «administrativa» dictada por el Contralor General de la República en la Resolución N° 01-00-108 del 4 de diciembre de 2003, en ejecución de la atribución que le confiere el artículo 112 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.