Sentencia N° 778 Constitucional TSJ 2001: RAMÓN MARTÍNEZ, RODRIGO CABEZAS, DIEGO… vs Presidente de la República

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la competencia para conocer un recurso de nulidad por inconstitucionalidad interpuesto contra un decreto del Presidente de la República. La Sala determinó que, dado el rango sublegal del decreto impugnado, la competencia corresponde a la Sala Político-Administrativa. En consecuencia, se declaró que no tiene competencia para conocer del recurso y se ordenó remitir el expediente a la Sala correspondiente.

En primer término, debe esta Sala determinar su competencia en el presente caso y, al respecto, observa que ha sido ejercido un recurso de nulidad por razones de inconstitucionalidad en contra del Decreto N° 3.166 de 24 de septiembre de 1993, publicado en la Gaceta Oficial N° 35.307 de 29 de septiembre de 1993, dictado por el Presidente de la República, mediante el cual se decreta una insubsistencia presupuestaria correspondiente al Presupuesto de Gastos que se indica en dicho Decreto. La Constitución vigente, delimita la competencia que se le atribuye a la jurisdicción constitucional de la contencioso-administrativa en atención al objeto de impugnación, es decir, al rango de los actos objeto de control y no a los motivos por los cuales se impugnan. Así, el artículo 334 de la Constitución establece: “Corresponde exclusivamente a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia como jurisdicción constitucional, declarar la nulidad de las leyes y demás actos de los órganos que ejercen el Poder Público dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución o que tengan rango de ley” (subrayado de la Sala). Del mismo modo, en forma reiterada y constante esta Sala ha señalado que el criterio acogido por el Constituyente para definir las competencias de la Sala Constitucional “...atiende al rango de las actuaciones objeto de control, esto es, que dichas actuaciones tienen una relación directa con la Constitución que es el cuerpo normativo de más alta jerarquía dentro del ordenamiento jurídico en un Estado de Derecho contemporáneo” (sentencia de 27 de enero de 2000, caso: Milagros Gómez y otros). Es por ello, que en el presente caso, al ser impugnado un Decreto dictado por el Ejecutivo Nacional, cuya naturaleza es de rango sublegal, es a la jurisdicción contencioso administrativa a quien corresponde controlar la conformidad con derecho de dicho acto.

Por las anteriores razones, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: 1. Que no tiene competencia para conocer del recurso de nulidad por razones de inconstitucionalidad interpuesto por los ciudadanos RAMÓN MARTÍNEZ, RODRIGO CABEZAS, DIEGO HERNÁNDEZ, ELEAZAR URBANEJA y LUIS ALBERTO GIULIANI, antes identificados, asistidos por el abogado FRANCISCO ABENANTE CORONADO, en contra del Decreto N° 3.166 del 24 de septiembre de 1993, publicado en la Gaceta Oficial N° 35.307 del 29 de septiembre de 1993, dictado por el Presidente de la República. 2. Que el tribunal competente para conocer del recurso de nulidad interpuesto, es la Sala Político-Administrativa de este Tribunal Supremo de Justicia, en consecuencia, se ordena remitir el expediente. Publíquese y regístrese. Cúmplase lo ordenado.