Sentencia N° 770 Constitucional TSJ 2001: Defensoría del Pueblo vs Compañía Anónima de Administración y Fomento…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la declinatoria de competencia del Juzgado Tercero de Primera Instancia del Trabajo, que había declarado inadmisible la acción de amparo interpuesta por la Defensoría del Pueblo contra CADAFE y sus filiales. La Sala concluyó que la acción no era admisible, ya que se trataba de la protección de derechos individuales y no de intereses colectivos, lo que llevó a confirmar la decisión del Juzgado Séptimo que había declarado inadmisible la acción de amparo.

Corresponde a esta Sala decidir sobre la declinatoria de competencia que hiciera a este Máximo Tribunal, el Juzgado Tercero de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, para conocer de la acción de amparo constitucional interpuesta por la Defensoría del Pueblo, contra la COMPAÑÍA ANÓNIMA DE ADMINISTRACIÓN Y FOMENTO ELÉCTRICO (CADAFE), así como contra las empresas filiales ELEORIENTE, ELECENTRO, ELEOCCIDENTE, CADELA y DESURCA. Al efecto, esta Sala observa que, en el presente caso, la Defensoría del Pueblo, actuando en representación de los intereses colectivos de los trabajadores profesionales de la COMPAÑÍA ANÓNIMA DE ADMINISTRACIÓN Y FOMENTO ELÉCTRICO (CADAFE) y sus filiales ELEORIENTE, ELECENTRO, ELEOCCIDENTE, CADELA y DESURCA, interpuso acción de amparo constitucional contra las referidas compañías, con el propósito de que fuere restablecida la situación jurídica infringida y, en consecuencia, se ordenare a CADAFE y a sus empresas filiales: primero, el cumplimiento de las leyes, reglamentos y acuerdos contractuales vigentes, en beneficio de los trabajadores profesionales universitarios; segundo, que extiendan los beneficios a todos los trabajadores profesionales universitarios que se han visto afectados; tercero, que se establezca la obligación de negociar con una representación de los trabajadores, todo lo relacionado con el pago de prestaciones sociales correspondiente al régimen de transición, así como a las diferencias salariales adeudadas; cuarto, que realice pagos igualitarios a los trabajadores que realicen un igual trabajo, cesando toda discriminación en los pagos y evaluaciones, les cancelen sus prestaciones sociales, se celebre la Convención Colectiva y se cumpla con la Convención Colectiva vigente; quinto, se realice una experticia complementaria del fallo para que fueren calculados los salarios, prestaciones sociales, intereses moratorios e intereses legales y se procediere de inmediato al pago de los mismos.

Por las razones anteriormente expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara: PRIMERO.- NO ACEPTA LA COMPETENCIA que la fuera declinada por el Juzgado Tercero de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. SEGUNDO.- Por razones de resguardo del orden público constitucional señaladas en este fallo, con fundamento en el artículo 26 de la Constitución y en el artículo 11 del Código de Procedimiento Civil, REVOCA la sentencia dictada el 5 de octubre de 2000 por el Juzgado Superior Sexto del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y, en consecuencia, CONFIRMA en los términos expuestos en este fallo, la decisión emanada del Juzgado Séptimo de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas el 15 de agosto del 2000, que declaró inadmisible la acción de amparo constitucional interpuesta por los abogados Juan Carlos Gutiérrez Cevallos, Luz Patricia Mejía Guerrero, Sacha Rohán Fernández y Alberto Rossi Palencia, antes identificados, procediendo con el carácter de Director General de Servicios Jurídicos, Directora de Recursos y Abogados Defensores adscritos a la Dirección de Recursos de la DEFENSORÍA DEL PUEBLO, respectivamente, contra la COMPAÑÍA ANÓNIMA DE ADMINISTRACIÓN Y FOMENTO ELÉCTRICO (CADAFE), así como contra las empresas filiales ELEORIENTE, ELECENTRO, ELEOCCIDENTE, CADELA y DESURCA.