Sentencia N° 762 Constitucional TSJ 2001: Alejandro M. Yemes vs Fiscalía Duodécima del Ministerio Público

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la competencia para conocer de una acción de hábeas corpus interpuesta por el abogado Alejandro M. Yemes en favor de Ildemara Marlene Fuentes Yánez, quien se encontraba detenida sin acusación formal por más de 112 días. La Sala determinó que la omisión del Ministerio Público en presentar la acusación violaba derechos constitucionales, como la libertad y el debido proceso. Por lo tanto, se declaró competente al Juzgado Cuadragésimo Séptimo de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas para conocer y decidir sobre la acción de amparo.

El artículo 7 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, consagra la norma rectora que fija la competencia, per gradum, ratione materiae y ratione loci, para conocer de las acciones de amparo constitucional. Según la disposición en referencia, son competentes para conocer de dichas acciones los Tribunales de Primera Instancia que lo sean en la materia afín con la naturaleza del derecho o de las garantías constitucionales violados o amenazados de violación, en la jurisdicción correspondiente al lugar donde hubiese ocurrido el hecho, acto u omisión que motivare la pretensión de amparo. En el caso de autos, la accionante denuncia la presunta violación de sus derechos y garantías constitucionales consagrados en los artículos 44, numeral 1, y 49, numerales 2, 3 y 8, de la Constitución vigente, referidos a la libertad y seguridad personales, la garantía del debido proceso, la presunción de inocencia y la responsabilidad del Estado por errores judiciales, a propósito de la omisión en que incurrió el Ministerio Público en presentar formal acusación en contra de la ciudadana Ildemara Marlene Fuentes Yánez. Debe precisar la Sala que la pretensión de amparo dirigida contra la falta de pronunciamiento del Ministerio Público, fue calificada por el accionante como un hábeas corpus, tal y como se infiere de autos. Tal calificación, técnicamente, es errada, ya que, aunque la violación constitucional alegada verse, fundamentalmente, sobre la libertad y seguridad personales, ella ocurre durante un proceso penal, dentro del cual deben permanecer incólumes los derechos y garantías fundamentales. Con ocasión de una detención judicial preventiva de libertad, en concepto del defensor de la sub júdice, aquí accionante, ocurrió la indefensión ante la falta de pronunciamiento fiscal, contraviniendo así lo dispuesto por el artículo 259, segundo aparte del Código Orgánico Procesal Penal, el cual prevé: “ARTÍCULO 259: [Omissis] Decretada la privación judicial de libertad durante la fase preparatoria, el fiscal deberá presentar la acusación, solicitar el sobreseimiento o, en su caso, archivar las actuaciones, a más tardar dentro de los veinte días siguientes a la decisión judicial”. Precisado lo anterior, debe reiterarse que la finalidad primordial del hábeas corpus es la inviolabilidad de libertad y seguridad personales, cuya protección, a partir del artículo 44 Constitucional (artículo 60 de la Constitución de 1961) la encontramos desarrollada en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en su Título V, denominado “DEL AMPARO DE LA LIBERTAD Y SEGURIDAD PERSONALES”. No obstante, dadas las características sobre las cuales gravita la presente solicitud, si bien no se trata de un amparo contra decisión judicial, la acción está dirigida a preservar, fundamentalmente, el derecho a la libertad y seguridad personales, por tanto, al impugnar la falta de pronunciamiento del Ministerio Público, lo cual constituye una omisión, debe acudirse al artículo 7, en concordancia con el artículo 2, ambos eiusdem, a los efectos de que la competencia para conocer de la acción de amparo será uno de Primera Instancia que lo sea en la materia afín con dichos derechos, en la jurisdicción correspondiente al lugar de comisión del presunto hecho lesivo.

Por las razones anteriormente expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara COMPETENTE al Juzgado Cuadragésimo Séptimo de Primera Instancia en función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, para conocer y decidir la acción de amparo constitucional interpuesta por el abogado Alejandro M. Yemes, en su carácter de defensor de la ciudadana ILDEMARA MARLENE FUENTES YÁNEZ, contra la omisión de la Fiscalía Duodécima del Ministerio Público, al no haber presentado la acusación de ley dentro del término establecido al efecto por el artículo 259 del Código Orgánico Procesal Penal, habiendo transcurrido ciento doce (112) días de la detención de la referida ciudadana, por la presunta violación de los derechos y garantías constitucionales consagrados en los artículos 44, numeral 1, y 49, numerales 2, 3, y 8, de la Constitución vigente, referidos a la libertad y seguridad personales, la garantía del debido proceso, la presunción de inocencia y la responsabilidad del Estado por errores judiciales. En consecuencia, se ORDENA remitir el presente expediente al citado Juzgado a los fines de dar cumplimiento con la presente decisión. Se ordena, asimismo, a la Secretaría de esta Sala, remitir copia certificada de la presente decisión a la Sala nº 9 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas. Ofíciese lo conducente. Publíquese, regístrese y notifíquese. Cúmplase lo ordenado.