Sentencia N° 760 Constitucional TSJ 2000: Defensoría del Pueblo vs CONSEJO NACIONAL ELECTORAL y la OFICINA…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la solicitud de amparo constitucional presentada por la Defensoría del Pueblo en representación de ciudadanos pertenecientes al pueblo Yanomami, quienes denunciaron violaciones a sus derechos fundamentales relacionados con la identificación y la participación política. La Sala, tras evaluar los alegatos y la evidencia presentada, concluyó que no se comprobó la responsabilidad de los organismos demandados en las violaciones denunciadas.

En todo proceso de amparo constitucional pueden las partes con igualdad de oportunidades, formular sus alegaciones, tanto de hecho como de derecho, y utilizar los medios probatorios que estimen necesarios y conducentes, de manera de evidenciar al órgano jurisdiccional competente, la veracidad y exactitud de las circunstancias denunciadas como violatorias de derechos o garantías constitucionales, a los fines de lograr el correspondiente pronunciamiento. Sin embargo en el presente caso, en el cual se señalan como conculcados “...el derecho a la identificación, el derecho a la igualdad y no discriminación, el derecho a la participación política de los pueblos indígenas y el derecho al voto y a elegir consagrados en los artículos 56, 21, 125 y (sic) 63 y 64 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela...”, la Sala estima que no está comprobada la responsabilidad de la Oficina Nacional de Identificación Nacional y Extranjería, ni del Consejo Nacional Electoral en las violaciones de los derechos y garantías constitucionales denunciadas por la Defensoría del Pueblo. Lo que sí está demostrado es que para el cierre del proceso de inscripción del Registro Electoral, un grupo indeterminado de personas, cuyos nombres y demás datos de identidad no coinciden totalmente con los diferentes documentos que cursan en autos y que alegan pertenecer a la etnia Yanomami, carecían de Cédula de Identidad, al igual que muchos venezolanos que no poseían dicho documento para la fecha del cierre de las inscripciones. No está demostrado que esto implique una violación a los derechos de los pueblos indígenas como tales sino que lo que existe es un reclamo de un grupo de votantes el cual no está demostrado hasta el momento, haya obtenido la Cédula de Identidad laminada, requisito indispensable, pero previo, a la inscripción del Registro Electoral. Todo ello conduce a reconocer la improcedencia de la presente acción de amparo y así se declara.

Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara SIN LUGAR la acción de amparo constitucional incoada por la Defensoría del Pueblo, contra el CONSEJO NACIONAL ELECTORAL y la OFICINA NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN Y EXTRANJERÍA DEL MINISTERIO DE RELACIONES INTERIORES Y DE JUSTICIA, por las presuntas violaciones a “... el derecho a la identificación, el derecho a la igualdad y no discriminación, el derecho a la participación política de los pueblos indígenas y el derecho al voto y a elegir consagrados en los artículos 56, 21, 125 y (sic) 63 y 64 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela...” de un numeroso grupo de ciudadanos perteneciente al pueblo Yanomami de las comunidades de Ocamo, Mavaca y Platanal del Alto Orinoco del Estado Amazonas.