Sentencia N° 76 Constitucional TSJ 2001: Fernando José Roa — Recurso de apelación en acción de amparo constitucional

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia decidió en fecha 26 de enero de 2001, declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por Fernando José Roa contra la decisión del Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores del Estado Táchira, que había declarado inadmisible la acción de amparo constitucional. La Sala consideró que el Juzgado había incurrido en omisión de pronunciamiento al no decidir sobre la admisibilidad del amparo interpuesto por el accionante, quien alegó la violación de sus derechos constitucionales por falta de respuesta del Juzgado correspondiente.

La acción de amparo cursante en autos fue interpuesta por el accionante contra el referido Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, quien conoce en alzada de una decisión definitiva dictada por el Juzgado de los Municipios San Cristóbal y Torbes de esa Circunscripción Judicial y de la “acción de amparo sobrevenido” interpuesta por el mismo accionante contra el titular de ese Juzgado de Municipio, de allí que, considera necesario esta Sala hacer un análisis del denominado amparo sobrevenido, institución jurídica creada por vía jurisprudencial. Al respecto, esta Sala en sentencia de fecha 20 de enero de 2000 -caso Emery Mata Millán-, delineo dicha figura de la siguiente manera: “Consecuencia de la doctrina expuesta es que el llamado amparo sobrevenido que se intente ante el mismo juez que dicte un fallo o un acto procesal, considera esta Sala que es inconveniente, porque no hay razón alguna para que el juez que dictó un fallo, donde ha debido ser cuidadoso en la aplicación de la Constitución, revoque su decisión, y en consecuencia trate de reparar un error, creando la mayor inseguridad jurídica y rompiendo así el principio, garante de tal seguridad jurídica, que establece que dictada una sentencia sujeta a apelación, ella no puede ser reformada o revocada por el Juez que la dictó, excepto para hacer las aclaraciones dentro del plazo legal y a petición de parte. Tal principio recogido en el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil está ligado a la seguridad jurídica que debe imperar en un estado de derecho, donde es de suponer que las sentencias emanan de jueces idóneos en el manejo de la Constitución, y que por tanto no puedan estar modificándolas bajo la petición de que subsane sus errores. Las violaciones a la Constitución que cometan los jueces serán conocidas por los jueces de la apelación, a menos que sea necesario restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida, caso en que el amparo lo conocerá otro juez competente superior a quien cometió la falta, diferente a quien sentenció u ordenó el acto que contiene la violación o infracción constitucional, en estos casos, los que apliquen los artículos 23, 24 y 26 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales”.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la ley, declara CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el abogado Fernando José Roa; en consecuencia, REVOCA la decisión dictada por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, en fecha 18 de diciembre de 2000 y ORDENA al Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esa Circunscripción Judicial, que se pronuncie sobre la admisibilidad del amparo interpuesta por el ciudadano antes referido -entendida como una acción de amparo contra sentencia-. Así se declara.