Sentencia N° 759 Constitucional TSJ 2000: Elena Barreto LI vs Unidad Educacional Colegio Teresiano — Confirmación de…
TSJ/SC, Sent. N° 759, Exp. 00-1309, 20/07/2000 · 20 de julio de 2000
Expediente00-1309
Parte actora / solicitanteELENA BARRETO LI
Parte demandada / contraparteUnidad Educacional Colegio Teresiano
PonenteJOSÉ M. DELGADO OCANDO
MateriaConstitucional
Tipo de recursoAmparo
Fecha de la decisión2000-07-20
DecisiónConfirmada la inadmisibilidad de la acción de amparo
Resumen
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia confirma la decisión de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo que declaró inadmisible la acción de amparo interpuesta por Elena Barreto Li en representación de sus hijas contra la Unidad Educacional Colegio Teresiano. La Corte consideró que la accionante no cumplió con las correcciones solicitadas en su escrito, lo que llevó a la inadmisibilidad de la acción. A pesar de las irregularidades en la decisión de la Corte Primera, la Sala Constitucional determina que la acción es inadmisible debido a la irreparabilidad de la lesión denunciada, dado que el tiempo transcurrido impide el restablecimiento del derecho a la educación de las menores.
Extracto de la motiva
1.- Luego de las precisiones transcritas anteriormente, se colige que la decisión bajo examen consideró inadmisible la acción propuesta en virtud de que la accionante no aclaró contra quién impetraba la justicia constitucional, puesto que en el escrito mediante el cual contestó la solicitud de aclaratoria señaló en su encabezamiento como agraviante a la “Madre Josefina”, para luego pedir que la decisión definitiva ordenase, tanto a la mencionada religiosa como a la “Sra. Angeline”, detener su actitud hacia sus hijas. Asimismo, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo estimó insuficiente la aclaratoria formulada, por cuanto la accionante no precisó en qué consistía la “actitud” de las mencionadas ciudadanas contra la cual pretendía que el tribunal la amparase; de igual modo, afirmó el juzgado en cuestión que la solicitante no detalló los términos en que debía la institución reconocer a sus menores hijas los exámenes, pruebas y asignaciones. 2.- Con relación a los pormenores que anteceden respecto a la sentencia impugnada, recuerda la Sala que la Constitución de 1961, vigente para la fecha en que fue dictada la decisión analizada, expresaba en su artículo 68 que “Todos pueden utilizar los órganos de la administración de justicia para la defensa de sus derechos e intereses, en los términos y condiciones establecidos por la ley, la cual fijará normas que aseguren el ejercicio de este derecho a quienes no dispongan de medios suficientes. La defensa es derecho inviolable en todo estado y grado del proceso.” Del texto transcrito podía concluirse que la justicia está al servicio de los derechos e intereses de los que la invocan, por lo que, -como una consecuencia lógica del deber de administrar justicia a que dicho dispositivo sujetaba la actuación de los jueces-, los mencionados “términos y condiciones establecidos por la ley” correspondían a los cauces necesarios y racionales por los cuales debía conducirse la pretensión, o también, como los requisitos que a modo de tamices depuran el proceso, permitiendo que el mismo avance bajo condiciones objetivas mínimas de legitimidad y razón. Luego, del texto constitucional examinado se infieren claramente los principios de debido proceso y de tutela judicial efectiva.
Dispositiva
Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA, aunque por razones distintas la decisión de fecha 9 de junio de 1999 de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, mediante la cual declaró inadmisible la acción de amparo interpuesta por la ciudadana ELENA BARRETO LI, actuando en nombre y representación de sus dos menores hijas XIU LIN CARRERO BARRETO y XIU WAI ROXANA CARRERO BARRETO, contra la Unidad Educacional Colegio Teresiano. Se ORDENA remitir copia del presente fallo a la Comisión de Reestructuración y Funcionamiento del Poder Judicial y a la Inspectoría General de Tribunales con el objeto de que se establezcan las responsabilidades a que haya lugar de los Magistrados de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo suscribientes del fallo nº 99-857 de dicho juzgado, dictado en fecha 09 de junio de 1999, expediente nº 99-21813.