Sentencia N° 757 Constitucional TSJ 2000: Adelaida Suárez Castro, Magda Elizabeth… vs Joseph Khassale — Apelación en materia de…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia decidió declarar SIN LUGAR la apelación interpuesta por un grupo de ciudadanos contra la decisión del Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito, que había declarado inadmisible la acción de amparo. Los accionantes alegaron violaciones a sus derechos constitucionales, argumentando que no fueron notificados del proceso que llevó a la entrega material de un inmueble que ocupaban como comerciantes. La Sala, tras analizar los alegatos, concluyó que no hubo violación al debido proceso ni a los derechos a la defensa y al trabajo, ya que los accionantes no tenían un vínculo relevante con la controversia que se ventilaba en el juicio original.

El derecho a la defensa, y así ha tenido oportunidad de afirmarlo esta Sala, consiste en la garantía que ofrece el ordenamiento jurídico a aquéllos que participan u ostentan algún interés en participar en un proceso judicial, de alegar las razones en que fundamenten sus pretensiones o ejercer los medios disponibles para enervar las decisiones de los juzgadores. Es así como la garantía a la defensa efectiva cobija a todos aquellos ciudadanos que de alguna u otra manera, sea como actores, demandados o terceros, sientan afectados sus derechos e intereses de manera directa o refleja por lo que resulte del desarrollo de un proceso judicial. Así también, y con precedencia temporal y lógica a la verificación de esta garantía, la sociedad política ha impuesto, como medio insoslayable de composición pacífica de las controversias, al denominado proceso judicial. Como efecto inmediato de su consagración se tiene que los proferimientos surgidos en ejercicio de la función jurisdicciónal suponen necesariamente la verificación de una serie de actos a través de los cuales los beneficiados o perjudicados por ellos hubieren, en primer lugar, entrado en conocimiento del objeto litigioso de la causa, así como haber tenido oportunidad de alegar y probar las defensas que consideraren pertinentes. Por ello, el derecho al debido proceso, en una apretada conceptualización, consiste en la garantía de oportunidad de los ciudadanos para insertarse en relaciones procesales previamente ordenadas y reguladas en el espacio y en el tiempo.

Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara SIN LUGAR la apelación incoada por los ciudadanos: ADELAIDA SUAREZ CASTRO, MAGDA ELIZABETH GALVES LEÓN, EUFRACIO ENRIQUE MENDOZA GUANIPA, NOEMA HIGUERA GARAVITO, JUDITH MAR MONTENEGRO DE LOPEZ, DELIA MARIA RIOS DE LABORDE, JOSE RAFAEL MARRERO, ERNES MARIA TORRES, JOSE RAFAEL BOLIVAR INFANTE, MIRIAM HERNANDEZ DE JIMENEZ, DORMA ORIETA RIVERA QUISPE, MIRLETH CHICO ACUÑA, MAILIN MARIFEL PUERTA CASTELLANO, LUISA ARANILA SÁNCHEZ MENESES, ALIS MERCEDES DUARTE DE JAIME, MARCOS PEREZ COSME, MARIA DIGNA ABREU CASTELLANO Y ANTONIA COROMOTO FIGUERA, por lo que CONFIRMA la sentencia dictada por el Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, de fecha 29 de junio de 1999, actuando en primera instancia tutelar de amparo, mediante la cual decidió declarar inadmisible la acción propuesta, a pesar de que lo correspondiente, en virtud del estado de la causa, era declarar improcedente la pretensión deducida.