Sentencia N° 755 Constitucional TSJ 2001: Popiel Ernesto Azuaje Joves vs Comisión Legislativa Nacional — Amparo constitucional…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en virtud de la falta de comparecencia del presunto agraviado, declara terminado el procedimiento de amparo constitucional. Se menciona que la audiencia constitucional es esencial y debe ser llevada a cabo con las características de oralidad, publicidad, brevedad y gratuidad. Al no afectar el orden público el acto denunciado, se concluye que el procedimiento debe ser cerrado.

Ahora bien, visto que esta Sala ha establecido que la falta de comparecencia del presunto agraviado dará por terminado el procedimiento, ello en razón de la importancia que reviste la audiencia constitucional, en la cual se plasman las características esenciales del juicio de amparo, como son la oralidad, publicidad, brevedad, gratuidad y ausencia de formalismos, consagrados en el artículo 27 de la Carta Magna (a menos que el Tribunal considere que los hechos alegados afectan el orden público, en cuyo caso podrá inquirir sobre los hechos alegados en un lapso breve, conforme al principio general contenido en el artículo 11 del Código de Procedimiento Civil y el artículo 14 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, según los cuales cuando se encuentre involucrado el orden público, el juez podrá tomar de oficio las providencias que creyere necesarias); y siendo que del estudio del expediente se ha podido constatar que el acto denunciado no afecta el orden público, debe declararse por tanto terminado el procedimiento. Así se declara.

Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara TERMINADO EL PROCEDIMIENTO de amparo constitucional intentado por los abogados Jesús Montes de Oca Escalona, Jesús Montes de Oca Núñez y Nancy Montaggioni Rodríguez, en representación del ciudadano POPIEL ERNESTO AZUAJE JOVES, respecto a la acción de amparo constitucional que fuera incoada contra el Decreto nº 36.976, de fecha 20 de junio de 2000, dictado por la Comisión Legislativa Nacional.