Sentencia N° 746 Constitucional TSJ 2001: Oswaldo Osorio Canales — Nulidad por inconstitucionalidad del Decreto Nº 2228

La Sala Constitucional se pronunció sobre su competencia para conocer del recurso de nulidad por inconstitucionalidad del artículo 1º del Decreto Nº 2228. Se determinó que la competencia para conocer del fondo del asunto corresponde a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, dado que se trata de un acto de efectos generales dictado por el Ejecutivo Nacional. Por lo tanto, la Sala se declaró incompetente y declinó la competencia a la Sala Político Administrativa.

Corresponde a esta Sala pronunciarse sobre su competencia para conocer del presente recurso, y en tal sentido observa lo siguiente: Dentro de las atribuciones de competencias conferidas en el numeral 5 del artículo 266, en concordancia con el parágrafo único de ese mismo artículo, de la novísima Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se encuentran las siguientes: “...Son atribuciones del Tribunal Supremo de Justicia:...5. Declarar la nulidad total o parcial de los Reglamentos y demás actos administrativos generales o individuales del Ejecutivo Nacional, cuando sea procedente...La atribución señalada en el numeral 1 será ejercida por la Sala Constitucional; las señaladas en los numerales 2 y 3, en Sala Plena; y las contenidas en los numerales 4 y 5, en Sala Político-administrativa...”. Por lo antes expuesto, de conformidad con lo establecido en el artículo 266, numeral 5 de la Constitución de la República, esta Sala se declara incompetente para pronunciarse respecto del fondo del asunto planteado en el presente caso, por tratarse de un recurso de nulidad ejercido contra un acto de efectos generales dictado por el Ejecutivo Nacional, asunto que corresponde a la competencia de la Sala Político Administrativa de este Tribunal Supremo de Justicia y así se declara.

Por las razones anteriormente expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, se declara INCOMPETENTE para pronunciarse respecto al fondo de la presente causa y declina la competencia a la Sala Político Administrativa de este máximo Tribunal. Publíquese, regístrese y remítase el expediente. Cúmplase lo ordenado.