Sentencia N° 744 Constitucional TSJ 2001: PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA y José… — Aclaratoria de sentencia en amparo…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declaró improcedente la solicitud de aclaratoria presentada por los abogados Vicente Villavicencio y Alí Quiñones Medina, en representación de los ciudadanos Juan Santaella, Julio César Leáñez Sievert y Juan José Caso. La solicitud se refería a la aclaración de puntos dudosos en la sentencia dictada el 2 de abril de 2001, que había declarado con lugar las acciones de amparo constitucional acumuladas contra decisiones de la Corte de Apelaciones y el Tribunal Superior de Salvaguarda del Patrimonio Público. La Sala argumentó que la solicitud de aclaratoria fue presentada de manera oportuna, pero los puntos planteados no eran procedentes, ya que no existían dudas, omisiones o errores en la decisión original. Se reiteró que corresponde a los jueces de instancia valorar y analizar las pruebas producidas en el juicio penal, y que la Sala Constitucional no puede intervenir en el procedimiento probatorio. Finalmente, se declaró improcedente la solicitud de aclaratoria, reafirmando la autonomía del juez en materia probatoria y la falta de materia sobre la cual decidir en relación a los alegatos presentados por los coadyuvantes.

El razonamiento que invocó esta Sala para revocar el fallo dictado por la Sala Nº 5 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas del 9 de agosto de 1999, fue la violación del derecho al debido proceso, “al declarar no tener materia sobre la cual decidir, con relación a una consulta ordenada conforme a la ley adjetiva vigente para esa fecha, es decir de acuerdo al artículo 51 del Código de Enjuiciamiento Criminal que ordenaba la consulta de toda sentencia absolutoria ´en los mismos casos en que hubiese podido interponerse contra ella recurso de apelación’ ”. Por otra parte, esta Sala evidenció que la decisión del entonces Tribunal Superior de Salvaguarda del Patrimonio Público del 21 de abril de 1999, violó el derecho al debido proceso por falta de valoración, análisis y apreciación de pruebas producidas en dicho proceso penal. Declarada la nulidad de ambas decisiones, esta Sala ordenó la reposición de la causa al estado de dictarse nueva decisión por parte de la Sala Nº 5 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, ante la supresión del Tribunal Superior de Salvaguarda del Patrimonio Público. Precisado lo anterior, se observa que los puntos 1, 2 y 4 de la solicitud de aclaratoria están destinados a que esta Sala instruya a la Sala Nº 5 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, sobre cuáles y cómo analizar las pruebas producidas en el proceso penal. A este respecto, esta Sala debe recordar que el motivo que justificó la declaratoria de nulidad del fallo impugnado en amparo, fue la violación del debido proceso por la falta de valoración, análisis y apreciación de algunas pruebas aportadas al proceso, sin entrar a pronunciarse sobre el alcance y contenido de las que analizó el juzgador.

Por las consideraciones antes expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley declara IMPROCEDENTE la solicitud de aclaratoria de la sentencia dictada por esta misma Sala el 2 de abril de 2001, propuesta los abogados Vicente Villavicencio y Alí Quiñones Medina, actuando en su carácter de apoderados judiciales de los ciudadanos JUAN SANTAELLA, JULIO CÉSAR LEÁÑEZ SIEVERT y JUAN JOSÉ CASO. Publíquese, regístrese y comuníquese. Agréguese al expediente.