Sentencia N° 741 Constitucional TSJ 2000: JOSÉ ELADIO MONSALVE VIVAS, JOSÉ HORACIO… vs Instituto Nacional de Obras Sanitarias…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre una acción de amparo constitucional interpuesta por varios ciudadanos contra una decisión del Juzgado Superior Tercero del Trabajo. La acción fue declarada inadmisible debido a que se presentó más de un año después de la decisión que se impugnaba, lo que implicó el consentimiento expreso de los agraviados según la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. La Sala reafirmó su competencia para conocer de este tipo de acciones, basándose en criterios establecidos en sentencias anteriores.

En primer lugar, esta Sala pasa a pronunciarse acerca de su competencia para conocer de la presente acción de amparo constitucional y, al respecto, observa: Que en sentencias de fecha 20 de enero del presente año (casos Emery Mata y Domingo Ramírez Monja) este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, determinó los criterios de competencia en materia de amparo constitucional, a la luz de lo dispuesto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Específicamente, en relación a las acciones de amparo contra sentencias que prevé el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, se sostuvo que corresponde a esta Sala la competencia para conocer de las acciones de amparo que se intenten contra las decisiones de última instancia emanadas de los Tribunales o Juzgados Superiores de la República, que infrinjan directa e inmediatamente normas constitucionales. Observa esta Sala que, en el caso de autos, la sentencia contra la cual se ejerce la presente acción, ha sido dictada por el Juzgado Superior Tercero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Siendo ello así, esta Sala -aplicando el criterio sostenido en el fallo parcialmente transcrito- es competente para conocer de la presente acción. Así se declara. El numeral 4 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, declara que existe consentimiento expreso del agraviado de la violación o amenaza de sus derechos o garantías constitucionales, cuando hubieran transcurrido más de seis (6) meses de haber ocurrido los eventos que presuntamente son la causa de la alteración en la situación jurídica del presunto agraviado. Precisamente, el evento del que se pretende deducir la infracción de derechos y garantías constitucionales, es un auto dictado el 26 de febrero de 1999, por el Juzgado Superior Tercero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, pero, como puede advertirse en el expediente, la pretensión constitucional fue planteada el 1º de marzo de 2000, es decir, cuando había transcurrido más de un (1) año desde que había ocurrido la actuación del órgano jurisdiccional, de la que se deriva, presuntamente, la violación constitucional. Por tanto, es evidente, que se ha producido el consentimiento expreso que presume la norma de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y así se declara.

Por los razonamientos antes expuestos, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE la acción de amparo constitucional interpuesta por los ciudadanos JOSÉ ELADIO MONSALVE VIVAS, JOSÉ HORACIO CORONA CASTELLANOS, OVIDIO CALDERÓN TORREALBA, RAMÓN JOSÉ RINCÓN JIMÉNEZ, NELSON ORLANDO NAVARRO DÍAZ, CIRO VICENTE CHACÓN TORRES, RAÚL CARRERO CHACÓN, ARÉVALO RAMÓN MORALES ESCALANTE, JORGE ENRIQUE VIVAS CONTRERAS, RAMÓN ANTONIO MANRIQUE GONZÁLEZ, JORGE ENRIQUE GONZÁLEZ, WILSON ALFONSO TERÁN MOROS, GONZALO DE LA CRUZ ZAMBRANO y LUIS FRANCISCO PATIÑO representados por el abogado Iván Alfonso Venegas Guarín, contra la decisión dictada el 26 de febrero de 2000, por el Juzgado Superior Tercero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.