Sentencia N° 732 Constitucional TSJ 2000: Representaciones Eléctricas, 90, C.A. vs Presidente de la República

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia recibió un recurso de nulidad por inconstitucionalidad contra el Decreto N° 2.832, dictado por el Presidente de la República. Los abogados de la empresa demandante argumentaron que el decreto violaba varios derechos constitucionales y que el Presidente se había excedido en sus funciones. La Sala, tras analizar el caso, determinó que no tenía competencia para conocer del recurso, ya que se trataba de un acto de efectos generales que debía ser revisado por la Sala Político-Administrativa.

La Constitución vigente distingue claramente la jurisdicción constitucional de la contencioso-administrativa, delimitando el alcance de ambas competencias en atención al objeto de impugnación, es decir, al rango de los actos objeto de control y no a los motivos por los cuales se impugnan. En efecto, de conformidad con el último aparte del artículo 334 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: “Corresponde exclusivamente a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia como jurisdicción constitucional, declarar la nulidad de las leyes y demás actos de los órganos que ejercen el Poder Público dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución o que tenga rango de Ley”. En el artículo 336 eiusdem se establecen de forma particularizada las competencias de esta Sala. Igualmente, en el artículo 214 eiusdem se le otorga la competencia para realizar el control previo de la constitucionalidad de las leyes antes de su promulgación. Y por último, la determinación de la constitucionalidad del carácter orgánico otorgado por la Asamblea Nacional a las leyes así calificadas, de forma previa a su promulgación (artículo 203 eiusdem). En tal sentido, esta Sala Constitucional ha señalado que: “el criterio acogido por el Constituyente para definir las competencias de la Sala Constitucional, atiende al rango de las actuaciones objeto de control, esto es, que dichas actuaciones tienen una relación directa con la Constitución que es el cuerpo normativo de más alta jerarquía dentro del ordenamiento jurídico en un Estado de Derecho contemporáneo. Así las cosas, la normativa constitucional aludida imposibilita una eventual interpretación que tienda a identificar las competencias de la Sala Constitucional con los vicios de inconstitucionalidad que se imputen a otros actos o con las actuaciones de determinados funcionarios u órganos del Poder Público” (Sentencia de fecha 27 de enero de 2000, caso: Milagros Gómez y otros).

Por los razonamientos antes expuestos, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley declara: 1. Que NO TIENE COMPETENCIA para conocer del recurso de nulidad por inconstitucionalidad e ilegalidad interpuesto conjuntamente con amparo constitucional y subsidiariamente con medida cautelar innominada por los abogados CÉSAR NARANJO RUIZ, MARIELA DORANTE DE AGUIAR y ANÍBAL MONTENEGRO, apoderados judiciales de la empresa REPRESENTACIONES ELÉCTRICAS, 90, C.A., en contra del acto de efectos generales contenido en el Decreto N° 2.832 de fecha 25 de febrero de 1993, publicado en la misma fecha en la Gaceta Oficial N° 35.159, reimpreso por error material en la Gaceta Oficial N° 35.165 del 5 de marzo de 1993. 2. Que EL TRIBUNAL COMPETENTE para conocer del recurso de nulidad interpuesto, es la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en consecuencia, se ordena remitir el expediente a la Sala competente antes indicada. Publíquese, regístrese y comuníquese. Cúmplase lo ordenado.