Sentencia N° 729 Constitucional TSJ 2001: Doris Magaly Mata de Araujo, Víctor Samuel… vs Mireya Cecilia Pérez Acosta

TSJ/SC, Sent. N° 729, Exp. 00-2611, 15/05/2001 · 15 de mayo de 2001
Expediente00-2611
Parte actora / solicitanteDORIS MAGALY MATA DE ARAUJO, VÍCTOR SAMUEL GÓMEZ HERNÁNDEZ, RUBÉN DARÍO SUÁREZ PAZ, SANDRA JARAMILLO DE SÁNCHEZ, FREDDY MANUEL MENODA RODRÍGUEZ, JOSÉ ENRIQUE VILLAMIZAR PÉREZ, GUMERSINDO ARCADIO PÉREZ ROA, ANA JESÚS PORTILLO, GERARDO JESÚS MIRANDA MEDINA, ADALID RODRÍGUEZ GUERRERO, OMAIRA MOLINA DE NOVEL, FREDDY ALEXANDER ANDRADE, JORGE ESTEBAN MORENO PÉREZ, RODOLFO BUSTAMANTE, GLADYS CARRERO BUSTAMANTE, INVERSIONES LA GUACHARACA
Parte demandada / contraparteMIREYA CECILIA PÉREZ ACOSTA
PonentePEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ
MateriaConstitucional
Tipo de recursoAmparo Constitucional
Fecha de la decisión2001-05-15
DecisiónCon Lugar

Resumen

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en respuesta a una demanda de amparo constitucional, declara con lugar la acción interpuesta por varios ciudadanos en representación de sus derechos fundamentales, tras ser excluidos de un proceso penal por decisión del Tribunal Mixto. La Corte de Apelaciones había declarado con lugar el amparo, lo que motivó la apelación del juez imputado. La Sala concluye que la decisión del juez fue abusiva y fuera de su competencia, afectando el derecho de acceso a la justicia de los querellantes.

Extracto de la motiva

En el presente caso, las recurrentes, quienes intervienen en el mismo en su condición de terceros legítimamente interesados en sus resultas, han apelado ante esta Sala contra la decisión de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, la cual, conociendo como Juez Constitucional de primera instancia, declaró con lugar la acción de amparo interpuesta por el agraviado de autos contra la decisión interlocutoria, tomada el 16 de agosto de 2000, dentro de la audiencia del Juicio Oral de la causa penal seguida a la ciudadana Mireya Cecilia Pérez Acosta. Corresponde a esta Sala decidir, en Alzada, sobre el fondo del amparo del cual se viene conociendo en este proceso. En tal sentido, se aprecia: Que el pretendido agravio denunciado por la parte actora está contenido en la decisión interlocutoria pronunciada por el Juez de Juicio que presidió el Juicio Oral, en la causa penal antes referida, fallo por el cual se declara desistida la querella intentada por quienes, en dicho proceso, aparecen como agraviados por el delito atribuido a la acusada y, en consecuencia, ordena sean desincorporados de dicho proceso los querellantes y sus representantes judiciales; todo, conforme a la excepción opuesta por la Defensa, en términos de que la predicha querella había sido presentada con omisión de requisitos formales esenciales y, por tanto, no dispensables. Ahora bien, consta que esta cuestión ya había sido planteada ante el Juez de Control que presidió la Audiencia Preliminar del proceso en cuestión (folios 23 y 24) y que dicho Juez desestimó, expresamente, la pretendida declaratoria de desistimiento y su predicha consecuencia jurídica (folio 25), en razón de que la querella o acusación había sido admitida por el extinto Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Penal y de Salvaguarda del Patrimonio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira. Lo anterior conduce a las siguientes consideraciones: Si bien la Defensa no opuso formalmente como excepción la cuestión relativa a la omisión de las formalidades que, en su criterio, eran esenciales para la presentación de la querella, lo cierto es que el argumento de fondo queda adecuado al supuesto contenido en el numeral 2 del artículo 27 del Código Orgánico Procesal Penal, por lo cual debe concluirse que la referida actividad procesal de la Defensa, tanto en lo que alegó como en la consecuencia jurídica que solicitó fuera declarada, no puede definirse sino como oposición de una excepción, aun cuando no fuera opuesta expresamente como tal ni en el lapso establecido en el artículo 331 del Código Orgánico Procesal Penal; así se presume que lo entendió, en su correspondiente pronunciamiento, el Juez de Control, único competente para conocer y decidir sobre dicha excepción, como, en efecto, lo hizo oportunamente.

Dispositiva

Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR la demanda de amparo interpuesta por los ciudadanos DORIS MAGALY MATA DE ARAUJO, VÍCTOR SAMUEL GÓMEZ HERNÁNDEZ, RUBÉN DARÍO SUÁREZ PAZ, SANDRA JARAMILLO DE SÁNCHEZ, FREDDY MANUEL MENODA RODRÍGUEZ, JOSÉ ENRIQUE VILLAMIZAR PÉREZ, GUMERSINDO ARCADIO PÉREZ ROA, ANA JESÚS PORTILLO, GERARDO JESÚS MIRANDA MEDINA, ADALID RODRÍGUEZ GUERRERO, OMAIRA MOLINA DE NOVEL, FREDDY ALEXANDER ANDRADE, JORGE ESTEBAN MORENO PÉREZ, RODOLFO BUSTAMANTE, GLADYS CARRERO BUSTAMANTE y la sociedad mercantil INVERSIONES LA GUACHARACA contra la decisión del Juez Cuarto de Juicio de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira como Presidente de Tribunal Mixto, de 16 de agosto de 2000, por la cual rechazó la querella que habían interpuesto y, en consecuencia, excluyó la participación tanto de los prenombrados querellantes como de sus representantes judiciales dentro de la causa penal distinguida 4J-65-99, seguida a la ciudadana Mireya Cecilia Pérez Acosta, titular de la cédula de identidad nº 7.770.143 ante el mencionado tribunal. En consecuencia, CONFIRMA la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, el 01 de septiembre de 2000, declaratoria con lugar de la acción de amparo constitucional ejercida por los abogados Jesús Alberto Berro y Cándida Rosa Mora de Torres, en representación de los prenombrados ciudadanos contra el Tribunal Mixto del mismo Circuito Judicial Penal, ante el cual se viene celebrando el Juicio Oral del proceso penal seguido a la ciudadana Mireya Cecilia Pérez Acosta. Por tanto, se declara la nulidad de la decisión del Tribunal Mixto presidido por el Juez Cuarto del Tribunal de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, de 16 de agosto de 2000, por la cual fue rechazada la querella intentada por los accionantes de autos, en nombre y por cuenta de sus precitados representados, dentro del antes mencionado proceso penal. Por consecuencia necesaria, se declara, igualmente, la nulidad de todas las demás actuaciones realizadas, dentro de dicha causa, bajo el régimen del Título III, Libro II, del Código Orgánico Procesal Penal y, por tanto, se ordena la celebración de un nuevo Juicio Oral, ante un Tribunal Mixto distinto de aquél que produjo la decisión anulada por el presente fallo, acto procesal en el cual se tendrá como parte querellante a los accionantes de autos. Se declara SIN LUGAR la apelación interpuesta.

Palabras clave

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