Sentencia N° 722 Constitucional TSJ 2000: Gladys Morales Ytriago vs Vigilantes del Sur, C.A. — Amparo Constitucional a favor de…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia admitió la acción de amparo constitucional interpuesta por Gladys Morales Ytriago contra la decisión del Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito, que había declarado sin lugar un recurso de apelación. La Sala consideró que se había violado el derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva, ya que existía un fallo firme en fase de ejecución que no debía ser alterado. Finalmente, se declaró con lugar la acción de amparo, dejando sin efecto las decisiones impugnadas.

Dentro del ámbito del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva se entienden comprendidas exigencias en la regulación del proceso, esenciales para la concreción de dicho derecho, cuya determinación resulta, en ciertos casos, difícil labor para el juzgador del amparo, a quien corresponde fundamentalmente verificar si ha sido infringido por la actuación u omisión de algún órgano encargado de administrar justicia. Todos los titulares de derechos e intereses legítimos, pueden acudir ante los órganos jurisdiccionales para reclamar la resolución de un conflicto, lo que debe tener lugar tras la satisfacción de un proceso acorde con el ordenamiento jurídico vigente. De igual modo, todas las personas llamadas a ese proceso, o que de alguna otra manera intervengan en el mismo en la condición de partes, gozan también del derecho y garantía constitucional a la tutela jurisdiccional efectiva, en el sentido de tener igual acceso a la jurisdicción para su defensa, a que se respete el debido proceso, a que la controversia sea resuelta en un plazo razonable y a que, una vez dictada sentencia motivada, la misma se ejecute a los fines que se verifique la efectividad de sus pronunciamientos. En el caso de autos, existía en el juicio en la que fue proferida la sentencia objeto de la presente acción de amparo, un fallo definitivamente firme, por lo que el mismo se encontraba en fase de ejecución; es en esa etapa en la que se produjo la decisión del Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas declarando inejecutable la entrega del inmueble por haberse verificado “...una modificación jurídica del carácter con que posee el inmueble el demandado, ya que para esta oportunidad procesal, la ejecutada además de ostentar la posesión material del inmueble, lo hace con el carácter de propietario fundada en documento público traído a los autos y aceptado por su contraparte...” Apelada dicha decisión, correspondió el conocimiento de la incidencia al Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, el cual, en fecha 25 de enero de 1999, dictó sentencia declarando sin lugar el recurso de apelación ejercido, al considerar que no podía “...ser obligada la parte demandada a hacer entrega material de un inmueble que es de su propiedad en un cincuenta por ciento (50%), pues se vería despojado de su derecho de propiedad garantizado por nuestra Carta Magna.” Ahora bien, la Sala estima que el artículo 532 del Código de Procedimiento Civil establece las excepciones que permiten suspender la continuidad de la ejecución de la sentencia firme, y que ninguna de dichas excepciones se ha verificado en este caso. Por tanto, existiendo también el derecho al debido proceso en la fase de ejecución de sentencia, considera la Sala que, en el caso de autos, el citado derecho resultó violado. Advierte la Sala que, de haberse constituido un régimen de comunidad entre las partes de la causa principal, la negativa de la empresa arrendataria a desocupar el inmueble en cuestión impediría a la arrendadora servirse del bien común según los derechos que, en condición de propietaria y arrendadora, le fueron reconocidos por sentencia firme. Observa la Sala que la sentencia firme ordenó hacer efectiva, por parte de la empresa arrendataria, la prestación de desocupación del inmueble en referencia. Por tanto, como quiera que dicha prestación debe ser cumplida, la Sala ordena dar continuidad a la ejecución de dicha sentencia, dictada en fecha 30 de julio de 1996, por el Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas. Así se declara.

Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara CON LUGAR la presente acción de amparo constitucional incoada por la ciudadana GLADYS MORALES YTRIAGO, y deja sin efecto las decisiones de fecha 5 de agosto de 1998, dictada por el Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas y la de fecha 25 de enero de 1999, dictada por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas. Publíquese, regístrese y comuníquese. Cúmplase lo ordenado.