Sentencia N° 721 — Sala Constitucional del TSJ, 11 de febrero de 2016

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la solicitud de revisión de la decisión N° 886 de la Sala de Casación Social, que había declarado con lugar un recurso de casación en un caso de homologación de pensiones de jubilación. La magistrada ponente, Carmen Zuleta de Merchán, argumentó que la decisión impugnada violaba derechos constitucionales laborales, en particular el derecho a la igualdad, al establecer diferencias en el tratamiento de pensiones entre el sector público y privado. La Sala concluyó que la homologación de pensiones debe ajustarse al salario mínimo urbano, garantizando así la protección de los derechos de los trabajadores jubilados.

La motivación de la Sala se centra en la interpretación del artículo 80 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que establece que las pensiones no pueden ser inferiores al salario mínimo urbano. Se argumenta que la decisión de la Sala de Casación Social, que equiparó las pensiones al salario de trabajadores activos, contraviene este principio, generando una discriminación entre jubilados del sector público y privado. La Sala Constitucional enfatiza que todos los ciudadanos deben ser tratados de manera igualitaria, sin distinción de su condición laboral, y que la jurisprudencia debe ser coherente y predecible para garantizar la seguridad jurídica.

Se declara con lugar la solicitud de revisión constitucional interpuesta por la parte demandante, anulando la decisión N° 886 de la Sala de Casación Social y ordenando que se ajuste la homologación de las pensiones de jubilación al salario mínimo urbano, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 80 de la Constitución.