Sentencia N° 721 Constitucional TSJ 2000: sociedad mercantil METRO DE CARACAS, S.A. vs sociedad mercantil Inversiones Igfor, C.A.

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre una acción de amparo constitucional interpuesta por la sociedad mercantil METRO DE CARACAS, S.A. contra una decisión del Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito, que declaró sin lugar la acción. La Sala confirmó la decisión del tribunal inferior, argumentando que la apelación no era procedente debido a que el Código de Procedimiento Civil no permite impugnar decisiones sobre cuestiones previas como la prejudicialidad. La Sala destacó que la acción de amparo no puede ser utilizada como una segunda instancia para discutir cuestiones de legalidad.

1.- En primer lugar, cabe destacar que, ciertamente como lo afirma el accionante, nuestro código procesal no permite que contra las decisiones proferidas sobre las cuestiones previas contenidas en los ordinales 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º y 8º de su artículo 346, proceda el recurso de apelación. Lo que no obsta a la apertura de la vía de amparo contra una decisión a la cual el ordenamiento jurídico niegue los medios ordinarios o extraordinarios existentes, y ello en virtud de la universalidad del control constitucional que a través de este medio consagran, tanto el artículo 27 de la Constitución, como la ley que lo desarrolla (ver a modo de ejemplo el artículo 2 de esta última), sin que ellos signifique que tal vía pueda utilizarse para que obre como segunda instancia a fin de poder discutir cuestiones de legalidad y no de constitucionalidad. 2.- Dicho esto, y si bien es cierto que la acción de amparo también es de provecho para objetar dichas decisiones, como quedó dicho, no es menos cierto que la pretensión deducida con ocasión de la presunta violación de derechos constitucionales debe insoslayablemente cumplir los requisitos que este medio requiere para que proceda la tuición constitucional. Es por ello, y ya entrando en el análisis del caso concreto planteado, que la sentencia denunciada como insconstitucional, debe, como primer término, infringir en lo inmediato un derecho o garantía constitucionalmente reconocido. 3.- A este respecto, considera la Sala que la accionante atribuye a la decisión del mencionado Juzgado Duodécimo de Primera Instancia (fecha 12 de mayo de 1999), estimatoria de la prejudicialidad opuesta por la parte demandada, la violación de sus derechos constitucionales a la defensa, al debido proceso y a ser enjuiciado por su juez natural, en virtud de que el legislador no contempló la posibilidad de impugnar mediante apelación aquellos fallos que dilucidaran la cuestión previa de prejudicialidad.

Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA, la decisión de fecha 12 de agosto de 1999 del Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, mediante la cual declaró SIN LUGAR la acción de amparo interpuesta por la sociedad mercantil METRO DE CARACAS, S.A., por intermedio de su apoderado judicial abogado Eder Jesús Solarte Molina, contra la decisión dictada por el Juzgado Duodécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, de fecha 12 de mayo de 1999.