Sentencia N° 72 — Sala Constitucional del TSJ, 15 de febrero de 2012

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia revisó una sentencia del Juzgado Superior Tercero en lo Civil, que desaplicó el artículo 891 del Código de Procedimiento Civil y el artículo 2 de la Resolución 2009-0006, argumentando que limitaban el acceso a la doble instancia. La Sala concluyó que la desaplicación no era conforme a derecho, ya que la limitación por cuantía no vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva. Se anula la sentencia del Juzgado Superior y se declara firme la decisión de primera instancia que había confirmado la decisión del Juzgado de los Municipios San Cristóbal y Torbes.

En este orden, debe tratarse de una sentencia mediante la cual se haya aplicado el control difuso de la constitucionalidad previsto en el artículo 334 del Texto Fundamental y, con fundamento en ello, haya desaplicado por inconstitucionalidad en el caso concreto una ley u otra norma jurídica. Asimismo, debe ser una sentencia definitivamente firme, esto es, aquella contra la cual no proceda recurso alguno. Así las cosas, cumplido como fue por parte del Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, Bancario y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, la remisión del fallo en el cual tuvo lugar la desaplicación de una norma y, como quiera que tal decisión se encuentra definitivamente firme, pasa esta Sala a revisarla y, a tal efecto, observa lo siguiente: En el presente caso, el Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, Bancario y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, mediante sentencia del 8 de febrero de 2011, decidió desaplicar -por control difuso de la constitucionalidad- el artículo 891 del Código de Procedimiento Civil y el artículo 2 de la Resolución 2009-0006 de la Sala Plena de este máximo Tribunal de fecha 18 de marzo de 2009, al considerar que “(…) se cercena el derecho a la doble instancia, viendo imposibilitado el acceso a una instancia superior que corrija cualquier deficiencia y/o desatino que haya podido darse en la primera instancia de conocimiento (…)” y, en consecuencia, declaró sin lugar la apelación interpuesta por el apoderado judicial de la parte demandante, ciudadana Nelly Oliveros de Durán, confirmó la decisión dictada el 15 de marzo de 2010 por el Juzgado de los Municipios San Cristóbal y Torbes de la misma Circunscripción Judicial y condenó en costas a la parte recurrente, en el marco del juicio por resolución de contrato de arrendamiento incoado por la referida ciudadana, asistida de abogado, contra el ciudadano Jorge Alberto Restrepo Correa.

1. NO CONFORME A DERECHO la desaplicación por control difuso de la constitucionalidad del artículo 891 del Código de Procedimiento Civil y del artículo 2 de la Resolución 2009-0006 de la Sala Plena de este máximo Tribunal de fecha 18 de marzo de 2009, realizada mediante sentencia dictada el 8 de febrero de 2011 por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, Bancario y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira. 2. SE ANULA la sentencia dictada el 8 de febrero de 2011 por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, Bancario y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira. 3. DEFINITIVAMENTE FIRME la sentencia dictada el 15 de marzo de 2010 por el Juzgado de los Municipios San Cristóbal y Torbes de la misma Circunscripción Judicial, con ocasión de la demanda por resolución de contrato de arrendamiento propuesta por la ciudadana Nelly Oliveros de Durán, asistida de abogado, contra el ciudadano Jorge Alberto Restrepo Correa.