Sentencia N° 716 — Sala Constitucional del TSJ, 3 de diciembre de 2021

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia revisó la sentencia dictada el 23 de mayo de 2016 por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y Tránsito del Estado Anzoátegui, que declaró inadmisible la demanda de desalojo presentada por Luis Alberto Paraco Ruiz contra la Sociedad Mercantil Panadería El Manjar del Cielo, C.A. La revisión se solicitó por los abogados de Paraco Ruiz, quienes argumentaron que la decisión del tribunal inferior violó el orden público y los derechos de su representado. La Sala Constitucional, tras analizar los argumentos presentados, concluyó que no existió una violación de principios constitucionales en la sentencia recurrida. Se determinó que el juez actuó conforme a la normativa aplicable y que la decisión de inadmitir la demanda de desalojo fue correcta, dado que la acción fue interpuesta más de cuatro meses después de la finalización de la prórroga legal del contrato de arrendamiento. Finalmente, la Sala declaró que no había lugar para la revisión solicitada, reafirmando la competencia del tribunal inferior y la validez de su decisión.

Establecido lo anterior, esta Sala pasa a pronunciarse acerca de la presente solicitud de revisión, no sin antes reiterar el criterio sostenido en sentencia N.° 44, dictada el 2 de marzo de 2000, (caso: Francia Josefina Rondón Astor), conforme al cual la discrecionalidad que se atribuye a la facultad de revisión constitucional, no debe ser entendida como una nueva instancia y, por tanto, la solicitud en cuestión se admitirá sólo a los fines de preservar la uniformidad de la interpretación de normas y principios constitucionales o cuando exista una deliberada violación de preceptos de ese rango, lo cual será analizado por esta Sala, siendo siempre facultativo de ésta su procedencia. Por otra parte, esta Sala ha sostenido, en casos anteriores, que la labor tuitiva del Texto Constitucional mediante la revisión extraordinaria de sentencias no se cristaliza de forma similar a la establecida para los recursos de gravamen o impugnación, diseñados para cuestionar la sentencia, para ese entonces, definitiva. De este modo, el hecho configurador de la revisión extraordinaria no es el mero perjuicio, sino que, además, se verifique un desconocimiento absoluto de algún precedente dictado por esta Sala, la indebida aplicación de una norma constitucional, un error grotesco en su interpretación o, sencillamente, su falta de aplicación, lo cual se justifica en el hecho de que en los recursos de gravamen o de impugnación existe una presunción de que los jueces en su actividad jurisdiccional, actúan como garantes primigenios de la Carta Magna. De tal manera que, sólo cuando esa presunción logra ser desvirtuada es que procede, la revisión de la sentencia (Vid. Sentencia de la Sala N° 2.957 del 14 de diciembre de 2004, caso: Margarita de Jesús Ramírez). Ahora bien, en sentencia N.° 93 del 6 de febrero de 2001, dictada por esta Sala Constitucional (caso: Corporación de Turismo de Venezuela -Corpoturismo-), se asentó que el mecanismo de revisión incorpora una facultad estrictamente excepcional, restringida y extraordinaria para esta Sala y, procede contra las siguientes actuaciones: 1) Las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional de cualquier carácter, dictadas por las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia y por cualquier juzgado o tribunal del país. 2) Las sentencias definitivamente firmes de control expreso de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas, dictadas por los tribunales de la República o las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia. 3) Las sentencias definitivamente firmes que hayan sido dictadas por las demás Salas de este Tribunal o por los demás tribunales o juzgados del país apartándose u obviando expresa o tácitamente interpretaciones sobre la Constitución, contenidas en sentencias dictadas por esta Sala con anterioridad al fallo impugnado, realizando así un errado control de constitucionalidad al aplicar indebidamente la norma constitucional. 4) Las sentencias definitivamente firmes que hayan sido dictadas por las demás Salas de este Tribunal o por los tribunales o juzgados del país que, de manera evidente, hayan incurrido en un error grotesco en cuanto a la interpretación de la Constitución o que sencillamente hayan obviado por completo la interpretación de la norma constitucional. En estos casos hay también un errado control constitucional. En el caso sub lite, los abogados del accionante se centraron básicamente a denunciar que el juez de la recurrida violentó el orden público. No obstante, contrario a lo alegado por la representación judicial del solicitante esta Sala observa, que la sentencia dictada, el 23 de mayo de 2016, por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, no infringió el orden público, pues no se evidencia del examen del fallo accionado una grotesca violación de principios constitucionales, ya que el juez en la sentencia objetada se ajustó a la normativa aplicable, la doctrina y la jurisprudencia para la resolución del recurso de apelación. Así, del escrito de revisión puede evidenciarse que existe una inconformidad con la decisión, ya que los alegatos realizados fueron resueltos, tal como pudo constatar esta Sala, pero no resultaron favorables al solicitante en revisión; quien pretende escudarse en argumentos de fondo que escapan de la potestad extraordinaria de la instancia de revisión constitucional, pretendiendo erradamente el solicitante, que se juzgue nuevamente sobre el mérito de una controversia o se valore el mérito de las pruebas que ya fueron objeto de la soberana apreciación por parte del juzgado accionado. De lo antes expuesto, resulta concluyente que hubo un pronunciamiento ajustado a derecho, razón por la cual esta Sala estima que en el presente caso, no se dan los supuestos necesarios para que proceda la revisión solicitada, puesto que no se considera que existan infracciones de interpretación de norma constitucional alguna, ni se evidencia que la decisión objeto de análisis desconozca algún criterio interpretativo de normas constitucionales, que haya fijado esta Sala Constitucional, es decir, no se puede afirmar que la decisión judicial sometida a consideración, quebrante principios jurídicos fundamentales contenidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Tratados, Pactos o Convenios Internacionales suscritos y ratificados válidamente por la República, ni fue dictada como consecuencia de un error inexcusable, dolo, cohecho o prevaricación, así como tampoco contradice sentencia alguna dictada por esta Sala. Finalmente, se constata que la decisión objeto de revisión, no es susceptible de ser tutelada mediante la figura de la revisión de sentencias, dado que no está enmarcada dentro de la finalidad que persigue la doctrina de esta Sala Constitucional explicada supra, por lo que se declara NO HA LUGAR la revisión solicitada. Así se declara.

1. Que es COMPETENTE para conocer la solicitud de revisión formulada por los abogados Francisco Rigual Moya y Glasmar Bravo, actuando en su carácter de apoderados judiciales del ciudadano Luis Alberto Paraco Ruiz, de la sentencia dictada, el 23 de mayo de 2016, por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui 2. NO HA LUGAR la solicitud de revisión del fallo ut supra identificado.