Sentencia N° 716 Constitucional TSJ 2001: José Benigno Rojas Lovera — La improcedencia de la acción de amparo constitucional

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declara improcedente la acción de amparo interpuesta por el Fiscal Septuagésimo Tercero del Ministerio Público en contra de una sentencia de la Corte de Apelaciones que declaró sin lugar un recurso de apelación. La Sala argumenta que la medida cautelar solicitada por el Ministerio Público no es procedente, ya que no se está investigando a la Junta Directiva del Banco Capital por delitos contra el patrimonio público, y que la prohibición de enajenar y gravar bienes no puede aplicarse sin un juicio previo que establezca la culpabilidad de los imputados. La decisión se fundamenta en la necesidad de proteger los derechos constitucionales de las personas, garantizando que no se vulneren sus derechos sin un debido proceso. La Sala reitera que las medidas cautelares deben ser específicas y no generales, y que el Ministerio Público no ha demostrado la existencia de delitos que justifiquen la solicitud de ocupación general de bienes. Finalmente, la Sala concluye que el fallo impugnado está ajustado a derecho y que la acción incoada por el Ministerio Público se declara improcedente.

La Sala debe determinar su competencia para conocer de la presente acción, y a tal efecto, reiterando los criterios establecidos en sentencias de 20 de enero de 2000 (Casos: Emery Mata Millán y Domingo Ramírez Monja), se considera competente para conocer de la misma, y así se declara. Pasa de inmediato la Sala a resolver la acción planteada, y al respecto observa: La Constitución vigente, en su artículo 271, faculta a la autoridad judicial para dictar las medidas preventivas necesarias contra bienes propiedad del imputado o de sus interpuestas personas, a los fines de garantizar una eventual responsabilidad civil en los delitos contra el patrimonio público o relacionados con el tráfico de estupefacientes, delitos en los cuales puede el juez, además, ordenar la confiscación de los bienes provenientes de esas actividades delictuales. Ha sido criterio de esta Sala, que fuera de esos delitos, u otros que la ley señale, no puede el Ministerio Público pedir la ocupación general de los bienes de las personas, excepto de aquellos que sean identificados expresamente como elementos activos o pasivos del delito (sentencia de 14 de marzo de 2001, Exp. 00-2420, caso: Claudia Ramírez Trejo). En el caso de autos, no consta que el Ministerio Público esté investigando a la Junta Directiva del Banco Capital por delitos contra el Patrimonio Público, o relacionados con el tráfico de estupefacientes, sino más bien, porque los ciudadanos que conforman la junta incumplieron medidas e instrucciones impartidas por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras '...del cual se pudiera presumir la realización de algún hecho punible de los contemplados en la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras', por lo que ni siquiera presume en su escrito de amparo la Fiscalía, la existencia de delitos contra el patrimonio público.

Es por las anteriores razones, que este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara IMPROCEDENTE la acción de amparo interpuesta por el abogado JOSÉ BENIGNO ROJAS LOVERA, en su carácter de Fiscal Septuagésimo Tercero del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas, en contra de la sentencia del 25 de enero de 2001, dictada por la Sala N° 10 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas. Publíquese y regístrese. Archívese el expediente. Cúmplase lo ordenado.