Sentencia N° 71 Constitucional TSJ 2001: Escritorio Jurídico Monserrat Prato &… vs Corte Décima de Apelaciones del Circuito…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia admitió la acción de amparo constitucional interpuesta por el abogado Rafael Enrique Monserrat, en representación de la sociedad civil Escritorio Jurídico Monserrat Prato & Asociados, contra una sentencia de la Corte Décima de Apelaciones que ordenó la cancelación de Títulos de Estabilización Monetaria. La Sala consideró que se habían violado derechos fundamentales, como el derecho al debido proceso y el derecho de propiedad, al no ser la parte accionante notificada en el proceso anterior. Se ordenó la notificación de las partes involucradas y se fijó audiencia oral para el caso.

En primer lugar debe esta Sala pronunciarse sobre su competencia para conocer de la presente acción de amparo contra una sentencia emanada de la Corte Décima de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas y en tal sentido reiterando los criterios sostenidos en las sentencias de fecha 20 de enero de 2000 (Casos: Emery Mata Millán y Domingo Gustavo Ramírez Monja), se considera competente para conocer de la presente causa, y así se declara. Analizado el escrito de solicitud de amparo y declarada como ha sido la competencia de esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para conocer de la acción de amparo constitucional interpuesta, observa que el mismo cumple con todos los requisitos contenidos en el artículo 18 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Así mismo, no existe ninguna de las causales de inadmisibilidad previstas en el artículo 6 eiusdem, y se ha acompañado con la presente acción, copia certificada de la sentencia objeto de la misma, todo ello hace que resulte admisible la presente acción de amparo constitucional, y así se declara. En cuanto a la medida cautelar innominada requerida, estima la Sala que tal como se estableció en sentencia de fecha 24 de marzo de 2000 (caso Corporación L’Hotels C.A.) el solicitante no está obligado a probar la existencia del fumus boni iuris ni del periculum in mora, porque dada la celeridad y brevedad que caracterizan al proceso de amparo constitucional, depende únicamente del sano criterio del juez acordar o no tales medidas, tomando en consideración las circunstancias particulares del caso sometido a su examen.

1.- Se ADMITE la acción de amparo constitucional incoada por el abogado Rafael Enrique Monserrat Prato actuando en su carácter de Presidente de la Sociedad Civil ESCRITORIO JURÍDICO MONSERRAT PRATO & ASOCIADOS contra la sentencia dictada el 22 de junio de 2000, por la Corte Décima de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas. 2.- Se ORDENA la notificación del Presidente de la Corte Décima de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas a fin que esta Sala Constitucional, una vez que conste en autos dicha notificación, fije dentro de las noventa y seis (96) horas siguientes a ella, la oportunidad en que se llevará a cabo la audiencia oral. Igualmente se ordena remitir copias tanto de la presente decisión, así como del escrito contentivo de la acción adjunto a la notificación antes ordenada. 3.- Se ORDENA a la Corte Décima de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, notificar a las empresas BANCO CARACAS, C.A., BANESCO, BANCO UNIVERSAL, quienes fueron la otra parte en el proceso donde se dictara la sentencia objeto de la presente acción de amparo, a fin de que si lo consideran pertinente concurran a la audiencia constitucional en la oportunidad que sea fijada al efecto. Dicho Juzgado debe dar cuenta de lo antes ordenado de inmediato a esta Sala. 4.- Se declara improcedente la medida cautelar solicitada. Igualmente, notifíquese al Fiscal General de la República de la apertura del presente procedimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Publíquese y regístrese. Cúmplase lo ordenado.