Sentencia N° 709 Constitucional TSJ 2000: Pedro Felipe Galvis Alfaro — Apelación en amparo constitucional

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 13 de julio de 2000, decidió sobre la apelación interpuesta por la abogada Loida V. Maldonado de Galvis, en representación de Pedro Felipe Galvis Alfaro, contra la decisión del Juzgado Superior Tercero que declaró improcedente la acción de amparo constitucional. La Sala determinó su competencia para conocer el recurso y analizó las denuncias de inconstitucionalidad presentadas, relacionadas con la usurpación de funciones del juez de primera instancia y la falta de notificación del auto de homologación.

En primer lugar, esta Sala observa que el objeto de las denuncias de inconstitucionalidad presentadas en el caso de marras se fundamentan en la supuesta usurpación de funciones en que incurrió el Juez a quo al dictar la homologación de una transacción judicial “motu proprio”, por una parte; y por la otra, que una vez homologada la referida transacción, la misma no le fue notificada debidamente al accionante, en virtud de que la causa se encontraba paralizada. Corresponde entonces a esta Sala, proceder a analizar la naturaleza de las presuntas violaciones constitucionales imputadas al Juez Quinto de Primera Instancia de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, al dictar los autos impugnados y, a tal efecto, observa que el artículo 256 de Código de Procedimiento Civil dispone lo siguiente: “Artículo 256: Las partes pueden terminar el proceso pendiente, mediante la transacción celebrada conforme a las disposiciones del Código Civil. Celebrada la transacción en el juicio, el Juez la homologará si versare sobre materias en las cuales no estén prohibidas las transacciones, sin lo cual no podrá procederse a su ejecución” (subrayado de esta Sala). De lo anterior se colige que la norma transcrita establece un mandato de carácter imperativo dirigido al Juez, que le ordena dictar la homologación de la transacción celebrada de conformidad con las disposiciones del Código Civil. Dicho mandato halla sustento en que la terminación del proceso, en este caso lograda por un mecanismo bilateral de composición procesal, si bien interesa directamente a las partes del juicio como medida de resolución del conflicto, también goza del interés del Estado, en tanto que a éste le corresponde la administración de justicia.

Por las razones precedentemente expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la ley, declara SIN LUGAR la apelación interpuesta por la abogada Loida V. Maldonado de Galvis, actuando con el carácter de apoderada judicial del ciudadano PEDRO FELIPE GALVIS ALFARO, y en consecuencia, se CONFIRMA el fallo apelado. Publíquese y regístrese. Remítase el expediente al tribunal de origen.