Sentencia N° 708 Constitucional TSJ 2001: Jesús Montes de Oca Escalona y Nancy… vs Corte Primera de lo Contencioso…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia dictó una sentencia en la que se declara con lugar la acción de amparo interpuesta por varios ciudadanos contra una decisión de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo que había declarado inadmisible su querella. La Sala argumentó que la decisión de inadmisibilidad se basó en un criterio erróneo sobre la inepta acumulación de acciones, lo que colocó a los accionantes en un estado de indefensión y vulneró su derecho a la tutela judicial efectiva. En consecuencia, se revoca la sentencia accionada y se ordena continuar conociendo de la apelación original.

Corresponde a esta Sala pronunciarse acerca de la presente acción de amparo, a cuyo fin observa: Los accionantes han denunciado infringidos por la sentencia accionada, sus derechos al debido proceso y a la defensa, consagrados en los numerales 1 y 3 del artículo 49 de la Constitución vigente. Infracciones que se habrían producido cuando la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo dictó sentencia que, a decir de los accionantes, se fundamentó en un criterio erróneo, cual fue el de haber apreciado que se había verificado el supuesto de inepta acumulación a que se refiere el numeral 4 del artículo 84 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, lo que sirvió de base para declarar inadmisible la acción propuesta, con lo cual, al tratarse de una decisión de última instancia no susceptible de apelación ni consulta, se colocó a los accionantes en absoluto estado de indefensión e imposibilidad de dilucidar el fondo de la controversia. Apunta esta Sala, que los numerales 1 y 3 del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establecen: los mismos derechos que se encontraban garantizados en la derogada Constitución de 1961, vigente para la fecha en que se dictó la sentencia accionada. En efecto, dicha Constitución, en sus artículos 68, 69 y 50, recogió el derecho a la tutela judicial, el derecho a la defensa, el derecho a ser juzgado por los jueces naturales, el derecho de no ser juzgado por delitos no contemplados previamente por la ley, ni dos veces por los mismos hechos, así como todos aquellos derechos inherentes a la persona humana así no figuraran expresamente en la Constitución, como ha considerado la doctrina jurídica en criterio compartido por esta Sala, el derecho a la tutela judicial efectiva.

Por los razonamientos antes expuestos, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR la acción de amparo intentada por Jesús Montes de Oca Escalona y Nancy Montaggioni Rodríguez, abogados inscritos en el Inpreabogado bajo los Nºs 168 y 20.140, respectivamente, en representación de Juan Adolfo Guevara, Eneyda Josefina Yánez de Mariño, Tibisay Erminia Cuéllar Marcano, Tania Guillermina Torres Méndez, Nancy María Morantes, Angela Ramona Almao Fernández, Juana María Alzolay de Muente, Francisco Simón Piñerúa Cárdenas, Milexis del Valle Vidal Bastardo, Mónica del Carmen León Borjas, Henry José Rivero Linero, Vidalina Reyes de Berroterán y Aura Bartola Barazarte, titulares de las cédulas de identidad Nºs 3.554.967, 6.508.145, 6.391.575, 4.420.128, 6.387.276, 5.004.459, 9.285.439, 592.352, 6.662.483, 5.120.020, 5.568.498, 3.633.176, y 2.940.991, respectivamente, en contra de la sentencia dictada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo el 14 de diciembre de 1999; en consecuencia, REVOCA la sentencia accionada y ordena a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo continuar conociendo de la apelación ejercida contra la sentencia dictada el 7 de noviembre de 1996, por el Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, en la querella incoada por los accionantes contra el Municipio Sucre del Estado Miranda.