Sentencia N° 708 Constitucional TSJ 2000: Maricarmen Santamaría vs Luis Octavio Ruiz Morales — Acción de amparo constitucional

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 13 de julio de 2000, dictó sentencia en relación a la acción de amparo constitucional interpuesta por Maricarmen Santamaría en representación de Luis Octavio Ruiz Morales, contra una decisión del Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas. La acción fue declarada sin lugar, confirmando la sentencia apelada que había desestimado los alegatos de violación de derechos constitucionales y la garantía de cosa juzgada, argumentando que no existía violación directa de las disposiciones constitucionales invocadas. La Sala consideró que la apelación interpuesta por el demandante no era procedente, ya que se había agotado la doble instancia en el juicio de amparo, y que la revisión de sentencias de amparo está sujeta a criterios de discrecionalidad. Se reafirmó que la vía del amparo no puede convertirse en una cadena interminable de acciones, lo que generaría inseguridad jurídica. Finalmente, la Sala confirmó la decisión del tribunal inferior, estableciendo que la acción de amparo constitucional no era admisible en este caso, y se ordenó la remisión del expediente al tribunal de origen.

Corresponde a esta Sala conocer en apelación de una acción de amparo constitucional ejercida contra una sentencia dictada por un tribunal superior, contra decisión de un tribunal de Primera Instancia. A los efectos de la determinación de la competencia, se observa que, de conformidad con el criterio asentado en sentencias de fecha 20 de enero de 2000 (caso Emery Mata y caso Domingo Ramírez Monja), esta Sala es competente para conocer las apelaciones de las sentencias dictadas por los Juzgados Superiores en juicios de amparo constitucional -contempladas en el artículo 35 de Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales-, salvo aquellas dictadas por los Juzgados Superiores en ejercicio de su competencia en lo Contencioso Administrativo, de cuya apelación o consulta deberá conocer la Corte Primera de la Contencioso Administrativo, según el criterio asentado en la sentencia dictada por esta Sala en fecha 14 de marzo de 2000 (caso Elecentro). Así, en vista de que la presente apelación fue interpuesta contra una decisión del Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, esta Sala es competente para conocer de la misma, y así se declara. Decidido lo anterior, toca ahora pronunciarse acerca de dicha acción, a cuyo fin esta Sala en primer lugar observa que la presente causa se origina con motivo de la acción de amparo constitucional que en fecha 16 de marzo de 1998, interpusiera la ciudadana PETRA MATILDE RODRÍGUEZ DE MARTÍNEZ, a través de su representante judicial contra la sentencia dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, en fecha 5 de marzo de 1998, mediante la cual se declaró inejecutable la indexación monetaria acordada por la sentencia de fecha 13 de mayo de 1997, dictada por el Juzgado Asociado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de esa misma Circunscripción Judicial, ello en virtud de haberse declarado con lugar la apelación interpuesta por el ciudadano LUIS OCTAVIO RUIZ MORALES contra el fallo dictado el 22 de enero de 1998 por el Juzgado de los Municipios Sotillo, Libertador y Uracoa de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, que declaró sin lugar el reclamo formulado por el prenombrado ciudadano sobre la experticia practicada a los efectos de la indexación ordenada en la sentencia del 13 de mayo de 1997. Dicha acción fue conocida por el Juzgado Superior Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas y de lo Contencioso Administrativo de la Región Sur-Oriental, el cual mediante decisión de fecha 13 de abril de 1998 (folios 49 al 58 del presente expediente), la declaró con lugar, dejando sin efecto la sentencia accionada, y ordenando al tribunal que conoció de la causa principal en primera instancia resolver el reclamo formulado por el ciudadano LUIS OCTAVIO RUIZ MORALES sobre la experticia, conforme lo dispone el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil.

Por las razones precedentemente expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la ley, declara SIN LUGAR la apelación interpuesta por la abogada Maricarmen Santamaría, actuando con el carácter de apoderada judicial del ciudadano LUIS OCTAVIO RUIZ MORALES, y en consecuencia, se CONFIRMA la sentencia dictada el 03 de noviembre de 1999 por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, en los términos expuestos en el presente fallo.