Sentencia N° 68 Constitucional TSJ 2001: Romel Angel Canadell Inciarte y Luisa… vs Herlinda Del Carmen Colmenares Monrroy

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declara improcedente la acción de amparo constitucional interpuesta por el abogado Diego Antonio Araujo en representación de los ciudadanos Romel Angel Canadell Inciarte y Luisa Margarita Reyes. La acción se fundamentó en la alegación de falta de competencia del Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, debido a que la cuantía de la demanda no excedía los cinco millones de bolívares, lo que implicaba que dicho juzgado no podía conocer del asunto. La Sala, tras analizar los argumentos presentados, concluye que no se ha demostrado la violación del derecho a ser juzgado por su juez natural ni del derecho a la defensa. Se establece que la incompetencia por cuantía puede ser convalidada tácitamente y que los accionantes no argumentaron en vía ordinaria sobre la incompetencia en el momento adecuado. Por lo tanto, se considera que no hubo abuso de poder ni violación de derechos constitucionales. Finalmente, la Sala reafirma su competencia para conocer de la causa y determina que la acción de amparo es improcedente, declarando así la decisión correspondiente.

La Sala constata que entre el 12 de marzo de 1996 – fecha de la decisión de primera instancia- y el 11 de mayo de 1999 – fecha de la decisión de segunda instancia- se produjo la emisión (con fundamento en el mencionado Decreto Presidencial Nº 1029, publicado en Gaceta Oficial Nº 35.884, de fecha 22 de enero de 1996), de la Resolución Nº 619 de fecha 30 enero de 1996, emanado del Consejo de la Judicatura y publicado en Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 35.890 de la misma fecha ya cuando los autos se encontraban en el Superior. El artículo 5º de la Resolución Nº 619 establece como fecha de entrada en vigencia de la misma el día 23 de abril de 1996. Es de hacer notar que el Tribunal Superior sentenció en fecha 11 de mayo de 1999, y del examen de los autos se constata que los accionantes no argumentaron en vía ordinaria acerca de la incompetencia por la cuantía planteada ante la Sala, y ella no es mencionada hasta la aclaratoria de la decisión, solicitada ante el Tribunal Superior en fecha 5 de octubre de 1999, ya vencido el momento preclusivo de las excepciones de incompetencia. La incompetencia con fundamento en la cuantía puede ser denunciada aun de oficio, pero ésta puede ser objeto de convalidación tácita por la omisión de las partes o del juez, como lo fue en el caso de autos. Cabe recordar que la incompetencia por la cuantía sólo puede ser propuesta en primera instancia, de forma que, la incompetencia por la cuantía no afecta de nulidad las sentencias en el mismo sentido de la incompetencia por la materia, la cual puede de ser declarada en cualquier estado o grado de la causa. La Sala observa que, con fundamento en el Decreto Nº 1029 de fecha 17 de enero de 1996, anteriormente citado fue aprobado el decreto Nº 619 de fecha 30 enero de 1996, emanado del Consejo de la Judicatura y publicado en Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 35.890, de la misma fecha en la cual se establecen las cifras de los montos que determinan la competencia de los Tribunales por la cuantía. Conforme a los artículos 2º y 4º eiusdem se contempla lo siguiente: Artículo 2º. - Los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito conocerán en primera instancia las causas cuya cuantía sean superior a cinco millones de bolívares (Bs. 5.000.000,00). Ahora bien en el presente caso, la cuantía de la acción principal tal como fue indicado por los accionantes no excede la cantidad de cinco millones de bolívares (Bs. 5.000.000,00). La decisión en primera instancia fue dictada el 12 de marzo de 1996 fecha para la cual, no se encontraban vigentes las reglas que sobre la cuantía establece el decreto prenombrado ya que su observancia no era imponible en virtud del período de vacatio legis, conforme al artículo 4º del Decreto Nº 1029 que contempla: “Artículo 4º.- El presente Decreto entrara en vigencia noventa (90) días después de su publicación en la Gaceta Oficial”.

Por las razones anteriormente expuestas esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara IMPROCEDENTE la acción de amparo constitucional interpuesta por el abogado Diego Antonio Araujo, en su carácter de apoderado judicial de los ciudadanos Romel Angel Canadell Inciarte y Luisa Margarita Reyes. Publíquese y regístrese. Archívese el expediente.