Sentencia N° 666 — Sala Constitucional del TSJ, 28 de febrero de 2023

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia dictó la sentencia N° 416, en la que se ordena la remisión del expediente al Tribunal de Primera Instancia de Juicio de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Estado Yaracuy para continuar con la ejecución del mandamiento de amparo constitucional. Esta decisión se basa en la consulta previa establecida en la sentencia N° 145 de 2019 y en los fallos números 138 y 245 de 2014, que establecen el procedimiento a seguir en estos casos. La sentencia se fundamenta en la necesidad de garantizar la protección de los derechos de los niños y adolescentes involucrados, y se destaca la importancia de que los tribunales sigan el procedimiento establecido para la ejecución de los mandamientos de amparo. La decisión fue firmada por la Magistrada Michel Adriana Velásquez Grillet, quien actuó como ponente en este caso. Se resalta que la Sala Constitucional se reconstituyó y se realizaron cambios en su composición, lo que refleja la dinámica del Tribunal Supremo de Justicia y su compromiso con la protección de los derechos fundamentales en el país.

En tal sentido, la sentencia N° 416 del 2 de agosto de 2022, anteriormente referida, se estableció que “…vista la naturaleza de orden procesal del presente fallo y lo dispuesto en el artículo 24 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a partir de la publicación de esta decisión, todas las causas que cursen ante esta Sala Constitucional deberán ser remitidas a la brevedad a los Tribunales de la causa mediante auto en el cual no se examinará la favorabilidad a trámite de la denuncia de desacato que establecía la sentencia N° 145 del 18 de junio de 2019 …”.

ORDENA la remisión del presente expediente al Tribunal de Primera Instancia de Juicio de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, para que continúe la tramitación del procedimiento de ejecución del mandamiento de amparo constitucional, siguiendo para ello lo dispuesto por esta máxima instancia constitucional en las sentencias nros 138 y 245 del 17 de marzo y 9 de abril de 2014, respectivamente.