Sentencia N° 66 Constitucional TSJ 2001: Silverio Emiro Jaimes Ruiz vs Vulcanizadora Arellano S.R.L. — Revocación de auto y…

La Sala Constitucional, al revisar el expediente de amparo, constató que no se habían practicado las notificaciones ordenadas a las partes, lo que vulneraba el derecho a la defensa. Por ello, decidió revocar el auto que había declarado terminado el procedimiento y ordenó fijar una nueva audiencia constitucional, asegurando que se notificara a todas las partes involucradas. La decisión se fundamenta en la necesidad de garantizar el debido proceso y el derecho a ser oído.

Que en el presente expediente se dictó en fecha 4 de mayo de 2000 un auto fijando la audiencia oral de las partes, “(p)or cuanto consta en el expediente 00-0090 que fueron realizadas la notificaciones ordenadas...”. Ahora bien, dicho auto fue dictado sin esperar las resultas de las notificaciones ordenadas a practicar en la decisión de esta Sala del 24 de marzo de 2000, remitidas por el juez provisorio del Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo, Menores, Estabilidad Laboral y Amparo Constitucional de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, y de las cuales se desprende que el mismo acordó remitirle copia certificada del escrito de amparo y del auto de admisión al Juzgado de Primera Instancia del Tránsito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, en virtud de que la causa en la cual fue dictada la sentencia accionada se encuentra en dicho Juzgado. Esta Sala en sentencia N° 96 dictada el 15 de marzo de 2000, recaída en el caso Petra Laura Lorenzo sostuvo que: “...el avocamiento (sic) de un nuevo juez sea ordinario, accidental o especial, al conocimiento de una causa ya iniciada, debe ser notificado a las partes, aunque no lo diga la ley expresamente, para permitirle a éstas, en presencia de alguna de las causales taxativamente establecidas, ejercer la recusación oportuna, y de proceder ésta, con la designación del nuevo juzgador, garantizar a las partes su derecho a ser oídas por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido de acuerdo a la ley, derecho éste comprendido en el concepto más amplio de derecho de defensa, a la tutela judicial efectiva y al debido proceso. Siendo ello así, la falta de notificación a las partes del avocamiento de un nuevo juez al conocimiento de una causa en curso, podría constituir una violación de la garantía constitucional del derecho de defensa; no obstante, considera esta Sala que, para configurarse tal violación, es necesario que, efectivamente, el nuevo juez se encuentre incurso en alguno de los supuestos contenidos en alguna de las causales de recusación taxativamente establecidas, porque, de no ser así, el recurso ejercido resultaría inútil y la situación procesal permanecería siendo la misma.

Esta Sala en aras del derecho a la defensa y al debido proceso consagrado en el artículo 49 de la Constitución vigente, estima procedente revocar por contrario imperio dicho auto así como la decisión contenida en el acta levantada el 8 de mayo de 2000, por medio de la cual se declaró terminado el presente procedimiento, y en consecuencia, ordena a la Secretaria de esta Sala fijar una nueva oportunidad para que tenga lugar la audiencia constitucional, y notificar de la misma a la parte accionante así como al Juzgado de Primera Instancia del Tránsito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, para que éste proceda a notificar a la empresa VULCANIZADORA ARELLANO S.R.L., de la continuación del presente procedimiento, y así se decide. Publíquese, regístrese y cúmplase lo ordenado.