Sentencia N° 659 — Sala Constitucional del TSJ, 12 de mayo de 2011

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia revisó la desaplicación del artículo 891 del Código de Procedimiento Civil y del artículo 2 de la Resolución 2009-0006, dictada por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, Bancario y de Protección del Niño y del Adolescente del Estado Táchira. La Sala determinó que dicha desaplicación era no conforme a derecho, ya que restringía el acceso a la doble instancia de los justiciables, afectando su derecho a recurrir decisiones judiciales. La Sala anula la sentencia del Juzgado Superior y declara firme la decisión de primera instancia que había declarado con lugar la demanda por daños y perjuicios interpuesta por la ciudadana Ana Mercedes Mendoza Suárez.

Una vez analizado el contenido de la sentencia objeto de revisión a partir de las disposiciones constitucionales, pasa la Sala a formular las siguientes consideraciones: El artículo 334 constitucional atribuye a todos los jueces de la República la obligación de asegurar la integridad de la Constitución, dentro del ámbito de su competencia y conforme a lo previsto en el mismo Texto Fundamental, lo que se traduce en el deber de ejercer, aun de oficio, el control difuso de la constitucionalidad de las leyes o normas jurídicas, a fin de garantizar la supremacía constitucional y resolver, por esta vía, los conflictos o colisiones que puedan presentarse en cualquier causa, entre normas legales o sublegales y una o varias disposiciones constitucionales, en cuyo caso deberán aplicarse preferentemente estas últimas. En este sentido, reitera la Sala, que la revisión de las sentencias relativas al control difuso de la constitucionalidad, redunda en una mayor protección de la Constitución e impide la aplicación generalizada de normas inconstitucionales o bien la desaplicación de normas ajustadas al Texto Fundamental, en perjuicio de la seguridad jurídica y del orden público constitucional. En el caso de autos, el Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, Bancario y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, desaplicó el artículo 2 de la Resolución N° 2009-006 dictada el 18 de marzo de 2009 por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia y el artículo 891 del Código de Procedimiento Civil, por considerar que la aplicación de las referidas disposiciones en la demanda por daños y perjuicios interpuesta por la ciudadana Ana Mercedes Mendoza Suárez, contra el ciudadano José Alberto Soto Faría, con ocasión del incumplimiento del contrato de arrendamiento celebrado entre ambas partes, constituía una clara violación al principio de la doble instancia previsto en los artículos 7 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Por las razones expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara: 1.- NO CONFORME A DERECHO la desaplicación por control difuso de la constitucionalidad del artículo 891 del Código de Procedimiento Civil y del artículo 2 de la Resolución 2009-0006 dictada por la Sala Plena de este Máximo Tribunal el 18 de marzo de 2009, realizada mediante sentencia dictada el 26 de enero de 2011 por el Juzgado Superior Tercero Civil, Mercantil, del Tránsito, Bancario y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira. 2.- SE ANULA la sentencia dictada el 26 de enero de 2011 por el Juzgado Superior Tercero Civil, Mercantil, del Tránsito, Bancario y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira. 3.- DEFINITIVAMENTE FIRME la sentencia dictada el 18 de octubre de 2010, en primera instancia, por el Juzgado Tercero de los Municipios San Cristóbal y Torbes de esa misma Circunscripción Judicial, que declaró con lugar la demanda por daños y perjuicios interpuesta por la ciudadana Ana Mercedes Mendoza Suárez contra el ciudadano José Alberto Soto Faría.