Sentencia N° 649 Constitucional TSJ 2000: Leonardo Rafael Moreno vs Sub-Inspectoría del Trabajo del Municipio…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre un conflicto de competencia relacionado con una acción de amparo constitucional interpuesta por Leonardo Rafael Moreno. La Sala determinó su competencia para conocer del caso, dado que no existía un tribunal de instancia superior común entre los órganos judiciales involucrados. Se estableció que los tribunales de Primera Instancia son competentes para conocer de las acciones de amparo en función de la materia afín con los derechos constitucionales amenazados.

El criterio fundamental utilizado por la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales para determinar la competencia de los órganos judiciales en materia de amparo constitucional, es la afinidad o identidad entre la materia que está atribuida a los jueces y los derechos y garantías constitucionales amenazados de violación. Así lo dispone expresamente la mencionada ley, al consagrar en su artículo 7 que: “Son competentes para conocer de la acción de amparo, los Tribunales de Primera Instancia que lo sean en la materia afín con la naturaleza del derecho o garantía constitucionales violados o amenazados de violación, en la jurisdicción correspondiente al lugar donde ocurrieren el hecho, acto u omisión que motivaren la solicitud de amparo”. Ahora bien, la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales también establece la posibilidad de que conozcan de la acción de amparo los Tribunales de Municipio, siempre y cuando el particular se encuentre en la hipótesis prevista en su artículo 9, a saber: “Cuando los hechos, actos u omisiones constitutivos de la violación o amenaza de violación del derecho o de la garantía constitucionales se produzcan en lugar donde no funcionen Tribunales de Primera Instancia, se interpondrá la acción de amparo ante cualquier Juez de la localidad, quien decidirá conforme a lo establecido en esta Ley. Dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la adopción de la decisión, el Juez la enviará en consulta al Tribunal de Primera Instancia competente”. Según las disposiciones antes transcritas, es evidente que la regla general es que los Tribunales facultados para conocer de las acciones de amparo constitucional, en principio, son aquellos de Primera Instancia de la Circunscripción Judicial donde ocurrió el hecho o acto lesivo, y que a su vez, su competencia sea afín con los derechos presuntamente vulnerados, mas si éstos no existen en la localidad, podrán conocer de la acción subsidiariamente otros Tribunales.

En virtud de los razonamientos antes expuestos, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, DECLARA COMPETENTE para conocer de la consulta obligatoria a que se refiere el artículo 9 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, respecto de la acción de amparo interpuesta por el ciudadano LEONARDO RAFAEL MORENO, contra la decisión dictada por la Sub-Inspectoría del Trabajo del Municipio Anaco de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, a un Juzgado de Primera Instancia del Trabajo de la misma Circunscripción Judicial. Remítase el expediente a la Oficina Distribuidora de Expedientes de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui para que asigne a un Tribunal de Primera Instancia del Trabajo de la localidad el conocimiento de la presente causa. Remítase copia de la presente decisión al Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Nor-Oriental, así como al Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui. La presente decisión será vinculante para las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás Tribunales de la República, conforme lo dispone el artículo 335 del texto constitucional.