Sentencia N° 643 Constitucional TSJ 2000: José Martínez Yañez — Apelación de acción de amparo constitucional

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declara sin lugar la apelación interpuesta por José Martínez Yañez contra la decisión de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo que declaró inadmisible su acción de amparo constitucional. La Sala argumenta que el accionante no ejerció los recursos ordinarios disponibles en el proceso contencioso administrativo, lo que hace inadmisible la acción de amparo. Se confirma el fallo apelado y se remite el expediente a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.

Después de haber analizado las actas que componen el presente expediente, esta Sala observa: Como ha sido narrado, el fallo de fecha 22 de marzo de 1999, proferido por el juzgado supuestamente agraviante, declaró con lugar el recurso de nulidad propuesto contra la Resolución Nº 1704 de fecha 31 de julio de 1997, emanada de la Dirección de Inquilinato, y en consecuencia, ordenó la realización de una experticia complementaria del fallo. El artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, textualmente expresa: “ ... (omissis)... la experticia se tendrá como complemento del fallo ejecutoriado; pero si alguna de las partes reclamare contra la decisión de los expertos, alegando que está fuera de los límites del fallo, o que es inaceptable la estimación por excesiva o por mínima, el Tribunal oirá a los asociados que hubieren concurrido a dictar la sentencia en primera instancia, si tal hubiere sido el caso, y en su defecto, a otros dos peritos de su elección, para decidir sobre lo reclamado, con facultad de fijar definitivamente la estimación, y de lo determinado se admitirá apelación libremente. De la anterior transcripción, se desprende que el ciudadano José Martínez Yañez, tuvo la posibilidad de plantear una incidencia de revisión de la experticia complementaria del fallo evacuada ante el juez encargado de ejecutar el fallo definitivamente firme. Ciertamente, cualquier persona con interés jurídico actual –como es el caso del accionante, toda vez que el mismo es inquilino del inmueble objeto de la fijación del canon máximo de arrendamiento mensual- puede enervar el informe presentado por los peritos en atención a la orden proferida por el juez que dictó la sentencia que anula el acto administrativo, por considerar que el mismo vulneró la esfera de sus derechos o intereses. Igualmente se evidencia que una vez impugnado el informe presentado por los peritos, el juez tiene plenas potestades para fijar un monto diferente al declarado en el informe pericial, y más aun, el artículo aludido otorga la posibilidad a los interesados de interponer el recurso ordinario de apelación contra esa decisión, el cual debe ser admitido libremente, es decir, en el efecto suspensivo y el devolutivo, por así disponerlo el último aparte del artículo 249 del Código de Procedimiento Civil. En el presente caso el accionante en amparo no ejerció dentro de los lapsos correspondientes, los medios procesales que se hallaban a su disposición para hacer valer su pretensión y restablecer la situación jurídica infringida, por lo que es forzoso concluir que la presente acción de amparo constitucional es inadmisible a tenor de lo dispuesto en el artículo 6, numeral 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y así se declara.

Por las razones precedentemente expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR la apelación ejercida por el ciudadano José Martínez Yañez, contra el fallo proferido por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo en fecha 9 de diciembre de 1999, que declaró inadmisible la acción de amparo constitucional incoada en contra de la decisión emanada del Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, de fecha 15 de junio de 1999. En consecuencia, se CONFIRMA el fallo apelado. Publíquese y regístrese. Remítase el expediente a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.