Sentencia N° 635 Constitucional TSJ 2000: Oneida Maria Fuentes de Inaga vs Lino Teclo Adrian — Acción de amparo constitucional

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia recibió una acción de amparo interpuesta por Oneida María Fuentes de Inaga contra una decisión del Tribunal Tercero de Primera Instancia en lo Penal que declaró sin lugar el amparo solicitado. La Sala consideró que el tribunal de primera instancia actuó dentro de su competencia y no incurrió en abuso de poder ni en violaciones constitucionales. Finalmente, se declaró inadmisible la acción de amparo y se confirmó la sentencia apelada.

En consecuencia, estima esta Sala que en la actualidad la situación jurídica que la accionante denuncia como infringida por la decisión adoptada el 8 de octubre de 1998 por el Tribunal Tercero de Primera Instancia en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, resulta a todas luces irreparable, razón por la cual la acción de amparo ejercida resulta inadmisible, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y así se decide. Siendo ello así, esta Sala procede a confirmar el fallo apelado, por los motivos expuestos en este fallo. Así se declara.

Por los razonamientos antes expuestos, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR la apelación ejercida por la abogada GABRIELA QUIARAGUA GONZÁLEZ, en su carácter de apoderada judicial de la ciudadana ONEIDA MARÍA FUENTES DE INAGA contra la sentencia dictada el 3 de noviembre de 1998 por el Juzgado Superior Segundo en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, la cual se CONFIRMA por las razones expuestas en este fallo. En consecuencia, se declara INADMISIBLE la acción de amparo interpuesta por la ciudadana ONEIDA MARIA FUENTES DE INAGA, asistida por los abogados GABRIELA QUIARAGUA GONZÁLEZ, MAYRLEN LOPEZ INOJOSA y MERCEDES HIGUEREY BRACHO, contra la decisión dictada el 8 de octubre de 1998 por el Tribunal Tercero de Primera Instancia en lo Penal y de Salvaguarda del Patrimonio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar.