Sentencia N° 630 Constitucional TSJ 2000: Aquiles Antonio Canelon Colmenares vs Domingo Guzmán Rodríguez Pérez, Visitación de…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declara inadmisible la acción de amparo interpuesta por Aquiles Antonio Canelón Colmenares contra los actos perturbatorios de los ciudadanos demandados y la amenaza de ejecución de una sentencia agraria. La Sala argumenta que la acción no es admisible ya que los hechos perturbatorios ya fueron decididos en un proceso anterior y la sentencia impugnada es cosa juzgada, lo que implica que no se pueden suscitar dudas sobre su validez. Además, se concluye que no se han violado derechos constitucionales del accionante.

La Sala considera que en cuanto a los hechos perturbatorios a que se refiere el accionante atribuidos a los particulares, fueron ya decididos en la querella interdictal incoada, tanto por el Tribunal de Primera Instancia como por el Juzgado Superior Tercero Agrario de la Circunscripción Judicial, por lo cual no sería admisible la acción de amparo. Y en cuanto a la amenaza de ejecución de la sentencia impugnada, por considerar que le viola derechos constitucionales, es de advertir que la sentencia que se pretende ejecutar fue dictada el 19 de enero de 1999, recurrida en Casación y en fecha 1° de febrero del mismo año fue declarada inadmisible por razón de la cuantía. Igualmente el actor en ese proceso, Gonzalo Antonio Tovar Sánchez, recurrió de hecho, el cual también fue negado y le ocasionó una multa de conformidad con lo establecido en el artículo 316 del Código de Procedimiento Civil. Ahora bien, aún cuando el accionante no es la misma parte actora del proceso, su acción de amparo está dirigida contra la ejecución de una sentencia que ha quedado definitivamente firme una vez agotadas todas las instancias, inclusive el recurso de casación. La sentencia cuya amenaza de ejecución se ataca mediante esta acción de amparo, es cosa juzgada, lo que indica conforme al criterio jurisprudencial que: “Las expresiones contenidas en una sentencia firme han de tenerse como la exacta expresión de la verdad, vale decir, de una verdad acerca de la cual no cabe suscitar dudas de ninguna clase. Eso por una parte, pues por la otra, el sosiego colectivo, la paz social están íntimamente vinculados a la necesidad de la intangibilidad de la cosa juzgada, porque de otra manera, los litigios serían interminables con grave daño para la tranquilidad pública y los ciudadanos nunca estarían seguros de haber alcanzado la estabilidad de sus derechos ...” (Sentencia del 20-7-93, Corte Suprema de Justicia-Sala Político-Administrativa. Revista de Derecho Público N° 55.56/1993. Pág. 251). Sin embargo, conforme lo establece el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, es posible que una persona con interés, porque le resulten afectados sus derechos o garantías constitucionales por una decisión judicial dictada por un tribunal, pueda intentar la acción de amparo para lograr el restablecimiento de la situación jurídica infringida. Ahora bien, ello implica que efectivamente se le estén violando derechos o garantías constituciones por el actuar del tribunal fuera del área de su competencia, por el abuso de poder o extralimitación de funciones, pero en el caso en examen, el accionante no está atacando la sentencia en sí, sino contra la amenaza de ejecución de la sentencia, contra la cual no señala ninguna violación constitucional.

Por las razones precedentemente expuestas esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE la acción de amparo constitucional interpuesta por el abogado Héctor Segundo Pírela Solarte, en representación de AQUILES ANTONIO CANELON COLMENARES, en contra de: 1) Los hechos perturbatorios realizados por los ciudadanos Domingo Guzmán Rodríguez Pérez, Visitación de Jesús Rodríguez y Celina Pastora Arroyo en la finca “Las Lagunitas”, jurisdicción de la Parroquia Humocaro Bajo, Municipio Morán del Estado Lara y 2) La amenaza de ejecución de la sentencia de fecha 13 de enero de 1999, dictada por el Juzgado Superior Tercero Agrario de la Región Agraria del Estado Lara. Publíquese, regístrese y comuníquese.